El ICO firmó junto con las patronales bancarias AEB y CECA el protocolo que permite realizar la solicitud y para el que finalmente bastará una declaración jurada del inquilino de que cumple con los criterios establecidos en el decreto que regula estos préstamos. Parte del retraso en la habilitación de estas ayudas se debe a las discrepancias entre ICO y bancos sobre la documentación que se tenía que exigir a quienes solicitaran esos créditos

Las dudas planteadas por la banca, especialmente por las entidades más representativas, buscaban agilizar el proceso de concesión de los créditos de hasta 5.400 euros, pues el máximo son 900 euros durante seis meses.

El ICO ha trasladado ya las condiciones de la línea de avales y destaca que tiene preparado el sistema para que las entidades puedan operar, aunque por el momento solo han suscrito el acuerdo entidades pequeñas como Abanca, Unicaja Banco, Liberbank, Cajamar, Laboral Kutxa y las cajas de ahorros de Ontinyent y Pollença.

Los préstamos deberán ser solicitados por el inquilino en la entidad antes del 30 de septiembre y el banco será el encargado de pagar mes a mes al propietario del inmueble, con un pago inicial, si corresponde, de las mensualidades no pagadas desde el 1 de abril hasta la firma del crédito.

Con independencia de cuándo se solicite el microcrédito, la financiación tendrá carácter retroactivo por lo que el propietario del inmueble recibirá la renta que dejó de cobrar desde el 1 de abril o más tarde en el caso de que su inquilino entrara después en situación vulnerable, al estar en paro, afectado por un erte o ser un autónomo con una buena caída de sus ingresos.

El principal problema es que la medida, tras ser aprobada por el Consejo de Ministros a finales de marzo, tuvo primero un desarrollo normativo que duró más de un mes, con lo que la publicación de la orden ministerial no llegó hasta principios de mayo. El ICO afinó luego algunos detalles y después de eso quedaba todavía la firma con los bancos del convenio, que recoja los pasos a seguir para que la medida sea una realidad y los interesados puedan solicitarla.

La burocracia ha retrasado tanto la puesta en marcha de las ayudas directas que la medida ha ido perdiendo poco a poco interés ya que cada día se cierran acuerdos privados de forma voluntaria entre inquilinos y dueños de las viviendas.