Cabe recordar que el TJUE corrigió al Tribunal Supremo y estableció que la cláusula IRPH sí está sujeta al control de transparencia, señalando además que dicha fiscalización debe entenderse de manera extensiva, comprobando que se hubiera dado al consumidor una información precontractual suficiente para comprender el método de cálculo empleado para obtener el índice y las consecuencias de su uso. En cambio, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del pasado 24 de abril avalaba el uso del IRPH al considerar que era transparente ya que el contrato establecía que el tipo de interés era variable en función de un índice de referencia oficial. Muy similar es el fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla. 

«Cuando viene la sentencia de Europa tengo unas dudas que me da la propia sentencia, pero más dirigidas a las consecuencias, no lo veo claro», señala González de Audicana. El magistrado afirma que en un inicio pensaba que el debate estaba en las consecuencias, pero tras leer las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona y la de Sevilla las dudas surgieron con respecto al control de transparencia. «Probablemente no hubiera planteado nada sobre el control de transparencia porque en un principio a mi me parecía que era claro, pero hay compañeros que lo ven así y realmente no hay una manera unánime, a mi me hacen dudar», confirma. 

Ahora la pelota está en el tejado del Tribunal Supremo, que tiene que decidir si se paralizan los procedimientos abiertos hasta la nueva respuesta de la Corte de Luxemburgo o si siguen adelante. «Yo entiendo que si suspendieron el IRPH cuando eleve la cuestión prejudicial, lo volverán a suspender cuando ven que hay cuestiones cuya respuesta harían cambiar el pleno, o por lo menos las argumentaciones; ya no sé si la decisión, pero por lo menos las argumentaciones. Yo supongo que esperarán, pero es una cuestión que deben de resolver ellos», expone.

Pese a que no existen plazos concretos para desarollar cada uno de los pasos que habrá que dar hasta ahora, el magistrado que llevó el IRPH a Europa confía en que sean más cortos que en anteriores ocasiones y recuerda que hay otra cuestión de prejudicialidad abierta, presentada en mayo de 2018 por la titular del juzgado número 6 de Reus, Silvia Martinez Falero.

Sea como fuere, y a la espera de que se resuelva, el sector financiero vuelve a estar en vilo con respecto a las decisiones que se puedan tomar a partir de ahora, y todo ello en medio de la pandemia del coronavirus. Y es que la banca maneja créditos referenciados a este índice por más de 16.000 millones de euros, pertenecientes a aproximadamente un millón de afectados, según los datos ofrecidos en sus últimas presentaciones de resultados. Pese a ello, en los últimos meses muchas  entidades han ido reduciendo los montantes totales de los créditos contratados con este índice a través de la negociación con sus clientes.