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El Gobierno quiere una normativa internacional para proteger los derechos de los consumidores

El Gobierno quiere una normativa internacional para proteger los derechos de los consumidores

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido en la sede de la OCDE en París la necesidad de una normativa internacional que proteja los derechos de los consumidores frente a las grandes empresas multinacionales. Su participación en el plenario del Comité de Política del Consumidor (CCP) ha servido como plataforma para instar a la cooperación y a la acción conjunta en este ámbito.

Bustinduy ha recalcado la importancia de que estas empresas respeten los derechos de los consumidores y no puedan escudarse en su poder económico para eludir sus responsabilidades. Además, ha elogiado los avances de la OCDE en materia de fiscalidad para asegurar una tributación mínima global en el impuesto de sociedades para estas corporaciones.

Los desafíos del consumo en el siglo XXI

Bustinduy ha identificado dos grandes desafíos en el ámbito del consumo actual: la transición climática y digital, y la democratización de las relaciones de consumo. En cuanto a la primera, ha destacado la importancia de que esta transición sea justa, responsable e inclusiva. Para ello, ha mencionado la próxima Ley de Consumo Sostenible en la que se está trabajando en España, que regulará el papel de las empresas en esta materia y combatirá prácticas como el greenwashing o ecoblanqueo. Esta ley busca dotar a los consumidores de información fiable y suficiente para que puedan tomar decisiones de compra conscientes y responsables.

En relación con la democratización de las relaciones de consumo, Bustinduy ha señalado la existencia de profundas desigualdades en este ámbito y la necesidad de abordarlas de manera efectiva. La creciente digitalización del mercado presenta tanto oportunidades como riesgos para los consumidores.

Por un lado, facilita el acceso a una mayor variedad de productos y servicios. Por otro, la concentración de poder en manos de grandes multinacionales del sector digital puede generar situaciones de vulnerabilidad para los consumidores, que a menudo se encuentran indefensos ante prácticas abusivas. Por ello, el ministro ha abogado por la creación de entornos seguros en el sector económico digital, donde se garantice la protección de los datos personales, la transparencia en las transacciones y la posibilidad de reclamación en caso de incumplimiento.

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