Las inmobiliarias proponen a Consumo crear «sellos de calidad» sobre buenas prácticas
La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha enviado al Ministerio de Consumo una batería de medidas para garantizar los derechos de los consumidores en el acceso a la vivienda. Así lo ha dado a conocer este jueves en un comunicado que incluye entre las propuestas la idea de crear «sellos de calidad» para identificar a las agencias que lleven a cabo buenas prácticas, así como la puesta en marcha de una red de puntos de información a la ciudadanía para dar a conocer la normativa vigente y evitar abusos. Hace solo dos días el departamento de Pablo Bustinduy abrió un nuevo expediente sancionador contra una segunda agencia inmobiliaria por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler.
La asociación de agencias inmobiliarias ha puesto sobre la mesa la posibilidad de crear un sistema de identificación que acredite el cumplimiento normativo y las buenas prácticas del sector mediante el sometimiento a auditorías voluntarias específicas. La FAI defiende que estos sellos de calidad podrían servir como una mayor «garantía de profesionalidad» con el objetivo de fomentar la confianza de los usuarios. La batería de medidas recoge también habilitar nuevos instrumentos de supervisión, para lo que plantean una comisión mixta conformada por administraciones, organizaciones de demandantes y propietarios de viviendas, notarios y agencias inmobiliarias.
En la misma línea, proponen la creación de una red de puntos de información en las agencias inmobiliarias para acercar a los consumidores la normativa en materia de vivienda y las ayudas públicas existentes para favorecer el acceso a un techo. De este modo, se pretende dotar al proceso de compraventa o alquiler de viviendas de una mayor «transparencia». «Las agencias actuarían como nodos de distribución de la información, garantizando que tanto compradores como arrendatarios reciban información de forma directa y personalizada», plantan en un comunicado emitido este jueves.
Desde la FAI explican que estas propuestas ya fueron trasladadas al departamento de Bustinduy en una reunión mantenida a finales de marzo con el secretario general de Consumo, Andrés Barragán, pero recalcan su voluntad de emprender un plan conjunto junto al ministerio para garantizar los derechos de los consumidores en el acceso a la vivienda y esperan poder trabajar con el ministerio para poner en marcha esta hoja de ruta.
«Las decisiones de comprar, vender o alquilar un hogar no son simplemente transacciones inmobiliarias. Son decisiones trascendentales en la vida de las personas, por ello entendemos que hay que seguir trabajando para contar con diferentes herramientas que faciliten poder asesorar bien a los consumidores», subraya José María Alfaro, presidente de la federación, que urge a las administraciones públicas a garantizar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental.
La FAI, que engloba a 31 asociaciones y 1.400 agencias inmobiliarias, insiste en su planteamiento dos días después de que el Ministerio de Consumo abriera un nuevo expediente sancionador a una agencia inmobiliaria —cuyo nombre no ha trascendido— por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como el cobro de comisiones ilegales u obligar a contratar servicios no solicitados. Se trata del segundo expediente que el departamento de Bustinduy incoa, después de que a finales de marzo hiciera lo mismo con Alquiler Seguro. Estas actuaciones se enmarcan en una investigación que Consumo está llevando a cabo desde octubre para perseguir irregularidades en la gestión de alquileres.
