La industria juguetera declara la guerra al vacío legal aprovechado por los marketplaces asiáticos
La industria española del juguete se enfrenta a una amenaza silenciosa que se expande a la velocidad del click, especialmente durante la recién finalizada campaña de Navidad en la que se concentra más del 60% de las ventas anuales del sector. Papá Noel y los Reyes Magos ya no compiten sólo contra el tiempo ni contra la incertidumbre de las cartas infinitas: ahora libran una batalla desigual contra un ejército de juguetes falsos, inseguros y sin control que inundan Europa desde los grandes marketplaces extracomunitarios. Lo que antes era un desafío logístico se ha convertido en un pulso económico y regulatorio que pone en jaque al negocio juguetero, al consumidor y a la integridad del mercado único europeo. La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) y Andema alertan de un problema que crece como una mancha de aceite: competencia desleal, productos ilegales y un vacío legal que permite que millones de artículos peligrosos entren sin filtros en los hogares europeos.
En concreto, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) “denuncia la alarmante competencia desleal y urge a una misma regulación para todos los actores que fabrican y distribuyen juguetes”. Asimismo, reclama la atención sobre la proliferación de la competencia desleal provocada por la hiperregulación. Por su parte, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cifra las pérdidas de facturación del sector, por copias y falsificaciones, en el 11,1% (113 millones de euros) en España y del 8,7% (1.022 millones de euros) en toda la UE, y 235 y 3.608 empleos, respectivamente. “El vacío legal en toda la UE, que no responsabiliza a las plataformas online sobre la seguridad de los productos que venden por cuenta de terceros no comunitarios provoca, según el estudio que ha realizado nuestra asociación Toy Industries of Europe, que el 96% de los juguetes disponibles en estas plataformas incumplen la legislación de seguridad, y el 86% suponen un riesgo grave para la salud de los niños”, explica la directora de la AEFJ, Cristina Miró.
En este sentido, el director general de Andema, la asociación que defiende los derechos de la marca de las empresas en España, Gerard Guiu, señala que, para poder vender juguetes en la Unión Europea, un fabricante debe cumplir un marco normativo muy exigente cuyo objetivo principal es proteger la seguridad y la salud de los menores. “La norma clave es la Directiva europea sobre la seguridad de los juguetes, que obliga a que cualquier juguete sea seguro durante toda su vida útil y no presente riesgos físicos, químicos ni eléctricos”, aclara. Por tanto, antes de salir al mercado, el fabricante debe evaluar los riesgos del producto, comprobar que cumple los requisitos legales y colocar el marcado CE, “que no es un simple logotipo, sino una declaración formal de que el juguete se ajusta a la normativa europea”. Además, debe disponer de una documentación técnica y de una declaración de conformidad que pueden ser requeridas por las autoridades.
A este respecto, añade que la legislación también regula “de forma muy estricta” las sustancias químicas que pueden estar presentes en los juguetes, prohibiendo o limitando aquellas que pueden resultar peligrosas para los niños. A esto se suma la obligación de ofrecer un etiquetado claro, con advertencias visibles, edad recomendada e información del fabricante. Por último, la responsabilidad del fabricante no termina con la venta: debe vigilar el producto una vez está en el mercado y actuar de inmediato si detecta cualquier riesgo, colaborando con las autoridades y retirándolo si fuera necesario. “En definitiva, vender juguetes en Europa implica asumir un alto nivel de responsabilidad, especialmente por tratarse de productos dirigidos a menores, uno de los colectivos más protegidos por el derecho europeo”, explica.
Por el contrario, los productos que llegan por el canal ecommerce, a pesar de ser juguetes, no tienen que cumplir estas normas y, por tanto, emplean otras materias primas que abaratan su producción. “La proliferación de grandes marketplaces extracomunitarios está teniendo un impacto muy significativo en el sector del juguete europeo, tanto desde el punto de vista económico como desde la seguridad y la competencia leal”, alerta Gerard Guiu. A este respecto, sostiene que estas plataformas permiten la entrada masiva de productos que no están sometidos, en la práctica, al mismo nivel de control normativo que los juguetes fabricados o comercializados por empresas europeas. “Mientras un fabricante europeo debe invertir en controles estrictos de calidad y seguridad para garantizar el bienestar de los consumidores y cumplir con requisitos de los componentes que conforman cada juguete, muchos vendedores de terceros países acceden directamente al consumidor final sin pasar por controles previos eficaces, lo que se traduce en precios realmente bajos que son llamativos para los consumidores”, subraya.
Por su parte, Cristina Miró (AEFJ) señala a Temu, Shein o Aliexpress como “un gran problema”, aunque reconoce que no son los únicos marketplaces. “Hay mercados en línea grandes y pequeños, chinos, americanos y europeos, plataformas que se identifican como marketplace y otras que no lo hacen, pero actúan igual, como Instagram o Tik tok que ofrecen compras directas a través de ellas. Y todas son un problema porque no tienen ninguna responsabilidad legal por los productos que en ellas se publicitan y se ofrecen para la compra directa por el consumidor”, denuncia.
De hecho, la directora de la asociación de fabricantes apunta que la legislación europea los considera “prestadores de servicios en línea” y sólo les pide que colaboren a retirar lo que las autoridades encuentren en ellas que no cumpla con la legislación de seguridad. “No se les considera operadores económicos, a pesar de que son el eslabón necesario para que un fabricante de un tercer país pueda llegar a un consumidor europeo sin que medie importador ni distribuidor, y a pesar de que la plataforma cobra dos veces, al poner el vendedor el juguete en la plataforma, y cuando lo vende. Pero, si no son legalmente operador económico, no tienen por qué cumplir con lo mismo que sí tiene que hacer una tienda online que venda en su nombre, como la de una juguetería, El Corte Inglés o Toys R Us”.
Por tanto, cualquier comerciante que venda online o en tienda física tiene que asegurarse de que el juguete tiene la documentación necesaria, las advertencias de seguridad y las direcciones obligatorias en el embalaje, de que las advertencias e instrucciones vienen en español, de que hay una dirección de contacto real en la Unión Europea, etc, pero los mercados en línea no. “Como hacer esto les supondría perder muchos ingresos por juguetes que no podrían estar colgados en su plataforma, y ninguna ley les obliga a hacerlo, simplemente no lo hacen”, lamenta.
En este contexto, es reseñable que la federación europea de la industria del juguete, TIE, ha realizado durante dos años consecutivos un ejercicio de “compra misteriosa” de juguetes sin marca en varias plataformas con mercado en línea. El 96% de los juguetes comprados incumplía la legislación, y el 86% presentaba riesgos graves para la salud de los niños, cifras aún peores que las de 2024. “Y aún no se ha corregido este tremendo hueco en la ley”, destaca la directora de la asociación española de fabricantes de juguetes.
Desde Andema señalan que esto es un claro ejemplo de competencia desleal. “El fabricante europeo cumple una normativa muy estricta mientras que otros operadores eluden total o parcialmente esas obligaciones y el resultado es una distorsión clara del mercado y una pérdida de competitividad para las empresas que sí cumplen la ley”, explica Gerard Guiu. Por su parte, la asociación de fabricantes añade que es competencia desleal porque las empresas responsables, que tienen una marca y una reputación que proteger, “tienen como prioridad la seguridad de los niños que van a jugar con sus productos, y no pueden poner en jaque su reputación por dejar de cumplir con cualquier legislación que le aplique y no cuesta lo mismo fabricar y vender un juguete seguro que uno que ha ignorado todos los requisitos de seguridad desde la fase del diseño, que no ha seleccionado la composición de sus materiales, que no ha controlado el proceso de producción, que no ha ensayado muestras, que no se hace, en fin, responsable de cualquier cosa que pueda pasar con ese juguete”.
Lo mismo sucede con las falsificaciones, las imitaciones y las copias. “Mientras no haya quien responda por ello en la UE, no habrá quien se ocupe de evitar que estén disponibles”, apostilla Cristina Miró. De hecho, recuerda que acaba de publicarse el nuevo Reglamento de Seguridad de los Juguetes, que da una vuelta de tuerca a los requisitos químicos, “que ya son los más estrictos del mundo”, y exige nuevas obligaciones documentales a las empresas responsables. “Mientras, los que incumplen como forma de diferenciarse en precio son premiados con cero responsabilidad y entrada sin control directa a los domicilios”, denuncia.
En este sentido, desde Andema apuntan que no todos estos productos pueden considerarse automáticamente falsificaciones, y es importante realizar esa distinción. “Un juguete es una falsificación cuando copia o imita una marca registrada, un diseño protegido o utiliza signos distintivos sin autorización, generando confusión en el consumidor”. Dicho esto, Gerard Guiu reconoce que una parte relevante de los juguetes que se comercializan a través de estos marketplaces “sí encajan claramente en esa definición, ya sea porque reproducen marcas conocidas, personajes protegidos o diseños industriales sin consentimiento del titular. En esos casos estamos ante una infracción directa de los derechos de propiedad industrial”. Junto a las falsificaciones, existe además un gran volumen de productos que, sin copiar una marca concreta, incumplen la normativa europea de seguridad y etiquetado. “Estos productos no son necesariamente falsos desde el punto de vista marcario, pero sí son ilegales y peligrosos, y acaban generando el mismo efecto negativo en el mercado y en el consumidor”, aclara.
Este tipo de juguetes, ya sean falsificaciones o productos que no cumplen la normativa europea, suponen varios riesgos para el sector, la economía y los consumidores. Por parte de la asociación española de fabricantes citan como los más relevantes asfixia, cortes, quemaduras, choques eléctricos, lesiones internas graves por ingestión de imanes potentes o pilas botón. Sin embargo, también es destacable el deterioro del tejido industrial europeo. “Si los fabricantes que cumplen todas las normas no pueden competir en precio con productos que eluden esas obligaciones, se reduce la rentabilidad, se frena la inversión en innovación y diseño y, por último, se destruye empleo”, subraya el director general de Andema.
Otro riesgo importante que subraya Gerard Guiu es la banalización de la marca. “Cuando las falsificaciones circulan de forma masiva e impune, se produce una pérdida en el valor de las marcas y provoca confusión entre los consumidores, quienes pierden la confianza en las marcas afectadas”. Por último, el director de Andema alerta de que si esta situación se prolonga, la industria juguetera europea puede entrar en un círculo vicioso: menos empresas, menos innovación, menor calidad y mayor presencia de producto ilegal. “Por todo ello, desde Andema insistimos en que la lucha contra las falsificaciones no es sólo una cuestión económica o de marca, sino también de protección del consumidor y de la salud pública”.
Pero, si los riesgos son claros, ¿por qué pueden entrar en España este tipo de productos y distribuirse sin problema? En las aduanas españolas, tal y como explica el presidente de Feteia, Enric Ticó, un contenedor con juguetes tiene que proporcionar a las autoridades de aduanas y del Soivre (Secretaría de Estado de Comercio) la declaración CE de conformidad de cada referencia de juguetes que se quieren introducir en el mercado europeo, y responder a sus demandas de mayor información e incluso de inspección física si se le requiere. “Además, el día 12 de diciembre se publicó por la UE el Reglamento de Seguridad de los Juguetes (antes era una directiva) que establece también obligaciones para los prestadores de servicios logísticos, garantizando que no se ponga en peligro la seguridad de los mismos”, añade.
En el caso de los paquetes postales, el proceso en teoría es el mismo. Sin embargo, la AEFJ señala que, en el caso de juguetes, no suelen venir identificados como tal en la factura para que no les pidan la Declaración CE de Conformidad. El problema es el número. “El número de paquetes enviados a la UE a través de mercados en línea se estima en 4.000 millones al año. Es imposible hacerles una inspección, ni siquiera documental, por mucho esfuerzo que se ponga. Y no es lo mismo pedir que se abra un contenedor que retener un paquete que va dirigido a un particular, que es correspondencia y tiene que haber indicios de fraude para que se pueda abrir”, aclara Cristina Miró.
En este sentido, Enric Ticó subraya que la principal diferencia está en el análisis de riesgos. “A fin de cuentas, se importa tanta paquetería de ecommerce, que es imposible revisar todos y cada uno de los paquetes, por lo que, por esta vía, podría existir un riesgo, pero no es que tengan que cumplir menos normes o requisitos”, explica. Aunque desde Andema insisten en que en estos casos la producción se encuentra principalmente fuera del control de la UE, sin posibilidad de trazabilidad, “por lo que es necesario un control en frontera más exhaustivo”.
