La prórroga de los alquileres ahorraría 4.341 euros por hogar y beneficiaría a casi cinco millones de personas
La Diputación Permanente decidirá hoy si da luz verde a la prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que expiren antes del 31 de diciembre de 2028, una de las medidas estrella incluidas en el decreto de vivienda aprobado por el Gobierno a principios de octubre. A pocas horas de una votación que el Ejecutivo afronta con más optimismo que los anteriores intentos, el Ministerio de Consumo ha puesto cifras al impacto potencial de la medida: calcula que permitiría ahorrar una mediana de 4.341 euros por hogar, beneficiaría a cerca de cinco millones de personas y podría aplicarse a casi dos millones de contratos de arrendamiento (1.895.676, exactamente).
Para sustentar esas estimaciones, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha elaborado un informe en el que cuantifica tanto el número de contratos susceptibles de acogerse a la medida como el ahorro que obtendrían los inquilinos. Según ese documento, la estimación parte de una microsimulación realizada a partir del Panel de Hogares del IRPF, una base de datos del Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Tributaria que recoge una muestra de los alquileres declarados por propietarios particulares en territorio fiscal común, con información disponible hasta 2023.
El análisis se centra en los contratos que vencen entre 2026 y 2028, calculados según el año en que fueron firmados. En cada caso compara cuánto pagaría un inquilino durante los dos años adicionales de prórroga, aplicando las actualizaciones de renta y los límites legales vigentes, frente a lo que desembolsaría si tuviera que firmar un nuevo contrato. Para esta segunda hipótesis se asume que el alquiler evolucionaría al ritmo de los precios de oferta publicados por Idealista en cada provincia. En las zonas tensionadas no se contempla un salto de renta al pasar de un contrato a otro, ya que la normativa impide que el nuevo alquiler supere el precio del anterior.
El cálculo parte, además, de la hipótesis de que todos los inquilinos con derecho a acogerse a la medida solicitarán la prórroga. A partir de esa premisa, Consumo estima que la ampliación extraordinaria beneficiaría a unos 4,9 millones de personas. La cifra se obtiene tomando como referencia el tamaño medio de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado en cada comunidad autónoma, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del INE.
Las cifras de Consumo son, sin embargo, una estimación del impacto potencial de la medida y no una previsión cerrada de lo que ocurrirá en el mercado. El cálculo descansa sobre varios supuestos estadísticos, entre ellos que todos los inquilinos con derecho a acogerse a la prórroga la solicitarán y que los contratos identificados llegarán a su fecha de vencimiento prevista. Sin embargo, la metodología no puede determinar con precisión cuántos de esos arrendamientos ya han sido renovados, modificados o extinguidos antes de esa fecha. Además, el ahorro estimado se obtiene al comparar la renta prorrogada con la de un hipotético nuevo contrato cuya evolución sigue los precios de oferta de Idealista, una referencia útil para identificar tendencias, aunque la realidad puede modificarse de acuerdo con las negociaciones entre propietarios e inquilinos y la evolución de los alquileres en los próximos años.
Además de la mediana general, el documento detalla el impacto por territorios y constata importantes diferencias entre mercados. La Comunidad de Madrid figura entre las más beneficiadas, con un ahorro mediano de 9.152 euros por hogar durante toda la prórroga. En Baleares ascendería a 10.090 euros y en Andalucía alcanzaría su máximo en Málaga, con 10.625 euros.
En la Comunitat Valenciana, el ahorro oscilaría entre los 3.890 euros de Castellón y los 8.436 de Valencia, pasando por los 7.186 de Alicante. En Canarias, las cuantías irían de 4.128 euros en Las Palmas a 7.596 en Santa Cruz de Tenerife. Cataluña queda fuera de esta estimación económica porque gran parte de su territorio está declarado zona de mercado residencial tensionado y el ministerio considera que los resultados podrían verse alterados por las limitaciones que ya impone la Ley de Vivienda sobre los nuevos contratos.
Entre las comunidades con menores importes aparecen Galicia, donde el ahorro va desde 1.760 euros en A Coruña hasta 3.455 en Lugo; Aragón, con un rango de entre 1.811 euros en Huesca y 4.110 en Zaragoza; y Extremadura, con entre 2.479 euros en Badajoz y 3.464 euros en Cáceres. En Castilla-La Mancha, las cuantías se sitúan entre 2.987 euros en Albacete y 6.220 euros en Guadalajara, mientras que en Castilla y León oscilan entre 2.551 euros en Palencia y 6.257 euros en Segovia. El informe también calcula un ahorro mediano de 3.997 euros por hogar en Asturias, 3.836 euros en Cantabria, 3.218 euros en La Rioja y 2.945 euros en la Región de Murcia.
A la tercera
La prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler figura entre las medidas de mayor impacto directo incluidas en el primero de los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno a comienzos de octubre. Se presentó por primera vez en marzo de 2026, entonces para los contratos que finalizasen antes de 2027 ―se declaraba automáticamente con el mero envío de un burofax por parte del inquilino solicitándola―, pero un mes después no logró la convalidación del Congreso.
La propuesta, impulsada por Consumo, volvió a incorporarse a los siguientes decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 29 de septiembre, aunque esos textos también fueron rechazados en un pleno extraordinario celebrado el 2 de octubre.
La votación de este jueves será, por tanto, la tercera ocasión en la que la demora extraordinaria de los contratos, que el inquilino debe solicitar formalmente al arrendador a través de un canal que deje constancia de la recepción y del contenido, se someta a examen parlamentario. Es también la primera en la que el Gobierno cree tener opciones reales de sacarla adelante.
Se espera que el primero de los decretos, el que concentra la mayor parte de las medidas en materia de vivienda, reciba el respaldo suficiente para ser convalidado. A diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, el peso de los partidos contrarios al texto es menor en la Diputación Permanente que en el pleno del Congreso por su distinta composición. Diferente es el panorama para el segundo decreto, que contiene la propuesta de establecer alquileres indefinidos e indemnizaciones para los inquilinos si el casero rompe el contrato, y que previsiblemente no saldrá adelante al no reunir los apoyos necesarios entre los socios habituales del Ejecutivo.
