«Ningún profesional sanitario debe recomendar el consumo de alcohol», afirman en el comunicado donde proponen al conjunto de la sociedad promover la filosofía de que, respecto al alcohol, ‘cuanto menor sea el consumo, mayores serán los beneficios para la salud’ ya que no existe un umbral de consumo seguro de esta sustancia.

«Si bien el consumo cero de alcohol puede no ser una meta inmediatamente alcanzable para toda la población, resulta imprescindible en determinados grupos y circunstancias: personas menores de edad, jóvenes, durante la gestación y la crianza y entre las personas que conducen vehículos. En estos casos, la abstención total debe constituir un objetivo innegociable para la salud pública», afirman.

En primer lugar, demandan que se alineen los impuestos del alcohol con la media europea para reducir el consumo, especialmente en menores y población vulnerable. El impuesto debería tener dos componentes, uno lineal para todas las bebidas con alcohol (precio mínimo unitario) y otro proporcional al grado alcohólico.

Asimismo, una regulación estricta la publicidad, la promoción y el patrocinio, directo o indirecto, de las bebidas alcohólicas en medios convencionales y digitales («influencers» incentivados). Especialmente en recintos educativos y deportivos, o cualquier espacio donde acudan personas menores.

«Las bebidas 0,0 también deben estar incluidas en esta regulación por evocar el consumo de bebidas alcohólicas y servir de puerta de entrada a personas que no deben consumir alcohol», advierten.

Asimismo, piden que se desarrolle un etiquetado de bebidas alcohólicas con mensajes sobre contenido energético, el perfil nutricional, los riesgos en personas menores de edad y embarazadas, los riesgos en conducción de vehículos y los riesgos genéricos para la salud, incluido algunos tipos de cáncer.

«Este etiquetado tiene evidencia científica en la reducción del consumo de alcohol y la protección de la ciudadanía frente a la manipulación de colectivos con intereses económicos en la producción, distribución y su comercialización. Las personas consumidoras tienen derecho a esta información para tomar sus decisiones», afirman.

Por otro lado, una mayo vigilancia del consumo en la calle, y apela a que los ayuntamientos cumplan sus propias normativas al respecto. «Las multas por este comportamiento podrían sustituirse también por el acceso a programas educativos sobre el alcohol. Reforzar vigilancia de alcohol al volante, con el objetivo 0,0», inciden.

Y ven indispensable regular estrictamente los puntos de venta, horarios y accesibilidad especialmente para las personas menores de edad. Es importante regular la exposición de las bebidas alcohólicas en locales de venta y supermercados. Además, en la hostelería, prohibir las ofertas y promociones 2×1, happy hours, etc. Asimismo, hay que evitar divulgar premios y sorteos dirigidos a jóvenes en internet, prohibir venta de bebidas para niños que emulen bebidas alcohólicas, etc.

Asimismo, ven necesario implementar programas educativos para la prevención del consumo de alcohol validados en población escolar, incorporando la participación de las familias; mejorar la asistencia sanitaria y social, así desde las sociedades científicas y administraciones sanitarias se debería impulsar el cribado, la formación en intervención breve en consumo de riesgo y perjudicial de alcohol mediante programas específicos de formación en pregrado y postgrado, así como en la formación continuada de los servicios de salud.

Además de mejorar la asistencia a pacientes con problemas de alcohol evitando el estigma cuando acceden al sistema sanitario. considerar una financiación sostenible y contemplar los programas de reducción de daños por alcohol. Y promover ocio libre de alcohol, con el fin de normalizar conductas de no consumo y actitudes positivas hacia un estilo de vida libre de alcohol.

Finalmente, concluyen, «resulta imprescindible financiar programas de investigación dirigidos a la prevención de los problemas relacionados con el alcohol, a la traducción de sus hallazgos en medidas políticas basadas en la evidencia y a la evaluación de impacto en salud de su implementación».