Así es la nueva ley de residuos: agua gratis en restaurantes, venta a granel y nuevos impuestos

Los plásticos de un solo uso como pajitas, bastoncillos o cubertería desechable tienen los días contados. El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno final a la ley de residuos, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y que incluye también la obligación de ofrecer agua gratis del grifo en bares y restaurantes, el cobro por los envases plásticos de comida para llevar o un sistema de retorno de envases a las tiendas con el objetivo de reducir el uso de plásticos y aumentar las tasas de reciclaje.

La ley, que debería haber entrado en vigor en julio para cumplir con la directiva europea, ha recibido más de mil enmiendas a su paso por el Congreso y el Senado.

Tiene 118 artículos, que abarcan gran cantidad de aspectos y van mucho más allá de los plásticos. Por ejemplo, se incluye una cobertura legal para que los ayuntamientos puedan prohibir fumar en la playa y multen por ello en base a la contaminación que generan las colillas. También se prohíben dos polémicas sustancias químicas en los envases alimentarios, el bisefnol A y los ftalatos. Y se crean nuevos impuestos verdes: uno sobre el vertido e incineración de residuos a nivel estatal; otro sobre envases de plástico no reutilizables y, además, recupera el canon hidroeléctrico, por el aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica.

Guerra a los plásticos de un solo uso

La norma recoge, por primera vez, limitaciones a los plásticos de un solo uso. El consumo deberá caer y para ello, se aplican medidas muy diferentes. Por ejemplo, bares y restaurantes deberán ofrecer agua gratis para evitar el uso de la embotellada. Se prohíben algunos productos como las pajitas y, en otros casos, se fomentan las alternativas de materiales no plásticos. Para ello, también se empezará a cobrar en los tickets por separado su uso, como es el caso de los recipientes de comida para llevar a partir del 1 de enero de 2023.

Sistemas para devolver envases por dinero

También se marcan objetivos para la recogida separada de botellas. En 2023, deberían recuperarse el 70% respecto al peso introducido en el mercado; y en 2027, el 85%. Si no se cumplen estos objetivos, el texto contempla que se implante a nivel nacional un sistema de depósito, devolución y retorno de botellas de plástico y otros envases.

Básicamente, consiste en que el productor cobra a sus clientes una cantidad por cada envase y los consumidores finales solo podrán recuperar el dinero si devuelven la botella o la lata a la tienda. «Este sistema tiene altos niveles de eficacia (…) y amplio apoyo de la opinión pública», dijo el diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde.

Impuestos al plástico y canon de vertedero

La ley creará nuevos impuestos verdes: uno indirecto de 0,45 euros por kilogramo sobre los plásticos de un solo uso y un canon nacional de vertido. El primero, ampliamente criticado por el sector ya que supondrá más de 500 millones extra en gravámenes, entrará en vigor el 1 de enero de 2023, después de ser aprobada una enmienda del PP para dar una moratoria de un año a las empresas. El segundo extenderá un impuesto que ya tienen algunas comunidades como Cataluña al uso de los vertederos y que ha supuesto el rechazo generalizado de los grupos nacionalistas.

Venta a granel en los comercios

Entre las nuevas medidas que se contemplan para evitar las plásticos desechables, el texto ha incorporado que, a más tardar el 1 de enero de 2023, los comercios minoristas de alimentación con al menos 400 metros cuadrados de superficie deberán destinar como mínimo un 20% de su zona de venta a productos a granel o con envases reutilizables. Además, los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos o alimentos cocinados deberán aceptar que los consumidores lleven bolsas, táperes o botellas para llevárselos.

Retirada del amianto

Los ayuntamientos tendrán que elaborar un censo de instalaciones con amianto en el plazo de un año y tendrán que elaborar un calendario de retirada. Los lugares públicos con mayor riesgo para la población por contener amianto deberán estar gestionados antes de 2028.