Plaza de Santa María, 2, Mérida       924 38 71 78
InicioUltimas NoticiasAsociaciones de consumidores reclaman a Garzón una mayor inversión en las Juntas Arbitrales de consumo para modernizarlas

Asociaciones de consumidores reclaman a Garzón una mayor inversión en las Juntas Arbitrales de consumo para modernizarlas

Asociaciones de consumidores reclaman a Garzón una mayor inversión en las Juntas Arbitrales de consumo para modernizarlas

Es necesario incrementar el presupuesto asignado a las juntas arbitrales de consumo para que el propio arbitraje de consumo sea un elemento clave para resolver las diputas de los consumidores con las empresas sin tener que acudir a la vía judicial, más lenta y costosa.

Y es que, el Ministerio de Consumo ha publicado recientemente  la convocatoria anual de subvenciones para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales. Con un total de 1.620.440 euros, el Gobierno financia los sistemas de resolución de conflictos entre empresas y clientes, como vía rápida, gratuita y alternativa al procedimiento judicial.

La resolución, firmada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevé para este 2021 que 820.120 euros de los presupuestos vayan destinados a las Juntas Arbitrales de las Comunidades Autónomas, mientras que otros 800.320 euros irán a las dependientes de los ayuntamientos que concurran en la convocatoria.

La creación de las Juntas Arbitrales son una competencia exclusiva del Estado y se constituyen mediante convenio entre el ministerio y las administraciones públicas.

A lo largo de 2021, Consumo ha renovado los acuerdos con 96 instituciones públicas para el funcionamiento del sistema extrajudicial. Así, 19 juntas arbitrales autonómicas (incluyendo Ceuta y Melilla), 10 provinciales y 37 municipales han quedado actualizadas este año.

Por su parte, Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo, señala que “el argumento clásico esgrimido tanto por la propia Administración como por el sector empresarial para justificar las limitadas posibilidades de desarrollo del sistema arbitral de consumo suele hacer referencia de uno u otro modo a la dificultad de afrontar los costes que el propio sistema importa”.

A su juicio, no puede negarse que los recursos económicos de los Presupuestos Generales del Estado que se destinan a la financiación del funcionamiento del sistema arbitral de consumo, difícilmente pueden ser más cicateros, como evidencian los 1.620.440 euros previstos para subvención de todas las juntas arbitrales existentes”, afirma.

Para Ribón, “cierto es también, que con estos recursos no puede aspirarse ni de modo remoto a ofrecer un sistema eficaz a consumidores y empresarios, pues indefectiblemente existirá déficit de personal que repercutirá en la dilación de la tramitación de los expedientes”.

Junto a ello reconoce que existen “carencias materiales de primera necesidad, imposibilidad presupuestaria de admisión de prácticas probatorias a instancias del propio Colegio, nulos fondos para el desarrollo de campañas de comunicación tendentes a la difusión del sistema, etc.”.

Facebooktwitter
Sin comentarios

Lo sentimos, el formulario de comentarios está cerrado en este momento.