La Comisión Europea quiere eliminar las tarifas reguladas para la electricidad a más tardar en 2026. El Ejecutivo comunitario ya ha incluido la medida en sus directivas y ha dado un plazo de hasta cinco años para que los Estados miembros se adapten y dejen solo estas tarifas protegidas para los consumidores vulnerables.

Pese a esta imposición de Bruselas, la situación en España no parece muy halagüeña para llevar a cabo la orden comunitaria ya que, tal y como se desprende de un informe elaborado y avalado por la propia Comisión Europea, España es en estos momentos el país que tiene un mayor número de barreras a la competencia en el sector eléctrico junto con Francia y Bulgaria.

Según el análisis de la Comisión, España cuenta con 25 barreras de las 45 posibles que han sido analizadas. El Ejecutivo comunitario realizó este estudio a principios de año y puso sobre la mesa una serie de recomendaciones para el Gobierno con las que poder incrementar el nivel de competencia existente en el mercado.

Entre las barreras que identificó el informe, con la colaboración de las consultoras VaasaETT, REKK, MRC y The Advisory House, se citan en lugar destacado la ventaja de los agentes verticalmente integrados, el bajo interés o conocimiento de los consumidores, la incertidumbre sobre el futuro regulatorio o digitalización, la incertidumbre sobre la regulación ambiental (existente y/o próximos desarrollos) y el comportamiento estratégico de los operadores dominantes.

Por ese motivo, desde Bruselas se lanzó a España una serie de recomendaciones para que las pudiera implementar en el mercado. La Comisión planteó al Gobierno reducir la capacidad contratada que da derecho a la elegibilidad de la tarifa regulada y restringirla a consumidores vulnerables. En ausencia de una reducción del umbral (ahora mismo esta en 10 kV), debería incrementarse el margen comercial de las tarifas reguladas, usar estos fondos para financiar el sistema e incentivar a los consumidores a abandonar el mercado regulado.

El unbundling funcional con renombre de los DSOs se ha implantado, si bien aún no se ha percibido sus efectos en el mercado, por ello insta a continuar supervisándolo.

El uso de productos y servicios basados en el uso en tiempo real aún no está desarrollado al nivel de su máxima capacidad. El nuevo marco para participar en los servicios de balance del sistema ha sido ampliamente esperado.

Bruselas recomienda también medidas de información a los consumidores y reforzar la supervisión de los comercializadores sobre las actividades de información y precontratación, y actuar contra cláusulas contractuales abusivas.

La Comisión identifica en el informe también las buenas prácticas, entre las que cita, que varios mercados cuentan ya con centros de datos y otros los están planificando; que la regulación de los precios es cada vez menos habitual y la desagregación está cada vez más extendida y afirma que a medida que continúe la descentralización del sistema energético, los mercados minoristas desempeñarán un papel clave para garantizar precios bajos a los consumidores.