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Bruselas pide a España aplicar las normas europeas contra pagos fraudulentos

Bruselas pide a España aplicar las normas europeas contra pagos fraudulentos

La Comisión Europea urgió este miércoles a España a introducir en la legislación nacional la directiva europea que castiga el fraude y la falsificación de medios de pago distintos al efectivo, así como a permitir que se abonen los impuestos con cuentas bancarias extranjeras para cumplir con la normativa europea SEPA.

El Ejecutivo Comunitario dio hoy el segundo paso en dos procedimientos de infracción separados que tiene abiertos contra España por estos motivos mediante el envío de sendos dictámenes motivados, de modo que el país tiene ahora dos meses para responder o, de lo contrario, la Comisión podría remitir los casos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 

Por un lado, Bruselas pide a España, así como a Grecia y Luxemburgo, que le comuniquen qué pasos están dando para introducir en su ordenamiento jurídico la directiva contra el fraude en medios de pago distintos al efectivo, que criminaliza el robo y el mal uso de las credenciales de pago, así como su venta y distribución.

La norma, aprobada en 2019, cubre todas las transacciones que no sean en efectivo realizadas con cualquier medio de pago, incluidas las tarjetas bancarias pero también instrumentos virtuales como los pagos con el teléfono móvil, recordó la Comisión en un comunicado.

Los Estados miembros tenían que haber incorporado la legislación al acervo nacional a más tardar en mayo de 2021, pero hasta el momento ninguno de estos tres países ha comunicado a la Comisión qué pasos han dado para ello pese a que ya recibieron un primer aviso cuando se les abrió expediente.

Por otra parte, el Ejecutivo comunitario también pide a España que aplique correctamente las normas de pagos europeos SEPA para el abono de impuestos, puesto que la legislación nacional impide que los ciudadanos paguen sus tasas mediante domiciliación y, en algunos casos, por transferencia de crédito cuando su cuenta bancaria está en otro Estado miembro de la UE.

La norma española exige que el banco sea autorizado por Hacienda como «entidad colaboradora», pero «en la práctica es muy difícil para un proveedor de servicios de pago extranjero ser autorizado», lo que acaba impidiendo que empresas y ciudadanos puedan usar cuentas bancarias de fuera de España para pagar al fisco y va en contra de la legislación comunitaria.

Bruselas da también dos meses a España para pronunciarse en este sentido y, si no proporciona una respuesta satisfactoria, podría llevarla ante los tribunales, señala la Comisión.

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