Y es que, como ha advertido el Banco de España, una entidad bancaria puede cobrar comisiones de mantenimiento aunque una cuenta no tenga actividad siempre que esté justificado. Incluso se pueden cobrar comisiones por descubierto (cuando el saldo en cuenta es negativo) pese a que el regulador bancario lo considere una mala práctica. 

Para el cliente, esto supone que si el abandono se prolonga en el tiempo, nuestro saldo, si lo hubiese, irá disminuyendo poco a poco hasta llegar incluso a los números rojos. La consecuencia final de esta situación será que tendremos que pagar al banco la deuda acumulada si queremos cancelar esa cuenta corriente definitivamente. 

Las cuentas bancarias abandonadas nacen en muchas ocasiones de cuentas que abrimos gratis cumpliendo una serie de requisitos, pero que cuando pasa el tiempo y caen en el olvido empiezan a generarnos gastos debido a que ya no cumplimos con las condiciones exigidas por el banco.  

No obstante, desde el BBVA precisan que el abandono de una cuenta corriente suele estar más relacionado con otros factores ajenos al olvido: «Este tipo de situaciones suelen ocurrir bien cuando fallece el titular de la cuenta o cuando ha tenido un problema grave».

Casi 300 millones ingresados entre 2012 y 2021

Pero la consecuencia definitiva de mantener inactiva una cuenta bancaria es que pasa a ser propiedad del Estado si ha estado sin movimiento alguno en los últimos 20 años.  

De tal forma queda estipulado en el artículo 18.1 de la Ley 33/2003 del Patrimonio del Estado: «Corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte años».

Entre 2012 y 2021, España ha ingresado casi 300 millones de euros por este concepto, que engloba no solo el dinero en metálico, sino también acciones y bienes muebles.

Eso sí, antes de proceder a la enajenación, el banco tiene la obligación de ponerse en contacto con los titulares de dichos activos financieros en el domicilio que le conste. Si la notificación no es recibida, se procede a publicar un anuncio en el BOE dando un plazo de reclamación del saldo de la cuenta o la titularidad de dichos activos. Si después de dicho anuncio tampoco aparece nadie que reclame estos derechos, los saldos pasarán definitivamente a la titularidad del Estado.