Tras varios meses de subida en las cuotas de las hipotecas variables, las entidades llevan alertando desde comienzos de año de que las familias vulnerables apenas se están pudiendo acoger al Código de Buenas Prácticas que implantó el Gobierno el pasado noviembre y que prometió que beneficiaría a un millón de hogares con problemas económicos.
La reforma del Código de Buenas Prácticas entró en vigor el 24 de noviembre, si bien los bancos tuvieron plazo para adherirse hasta principios de enero. Así, hasta el 31 de diciembre de 2023, está “exento” el pago de comisiones para las asociadas a una conversión de tipo de interés variable a fijo para préstamos o créditos hipotecarios.
Las familias vulnerables llevan desde el verano sufriendo las subidas de la hipoteca, las entidades bancarias estiman que ya deberían haber acudido a las sucursales a solicitar la ayuda, pero eso no está ocurriendo.
Las ayudas que el Gobierno prometió para un millón de hipotecados apenas habían llegado a unos 1.000 hogares vulnerables, en estos primeros meses desde que se aprobó el Código de Buenas Prácticas.
El 80% renuncia
Las entidades financieras cuentan que la falta de información entre los hipotecados, y sobre todo las duras condiciones que se exigen para poder acogerse a las ayudas, son los principales motivos que explican el número tan bajo de solicitudes presentadas.
Explican además que el 80% de los clientes que reclaman cambiar gratis la hipoteca de variable a fija renuncian cuando el banco les pide aclaraciones sobre su renta. Se les suspende el proceso en una primera consulta por discrepancias con sus ingresos y desisten de continuar con la solicitud.
Entre los requisitos están: un límite de ingresos familiares (25.200 euros para las familias vulnerables; 29.400, para las que están en riesgo), que la cuota de la hipoteca supere ciertos límites de los ingresos familiares (de entre el 30% y el 50%), o un límite de 300.000 euros para la vivienda habitual, entre otros.
Medidas por su cuenta
Así, ante el fracaso del plan del Ejecutivo, los bancos han comenzado a poner en marcha medidas por su cuenta, mediante la firma de acuerdos bilaterales con los clientes.
“Cada entidad pactará moratorias con sus clientes”, anticipan las fuentes financieras, “porque a nadie le conviene que el cliente deje de pagar”.
“En principio, lo facilitaremos a las personas que habrían tenido derecho, como las que se aprobaron durante la pandemia; pero, si nos viene un cliente que no cumple los requisitos, y la pide, lo negociaremos. Al final, es una cuestión comercial”.
