En 2023, ese porcentaje se ha reducido al 15 por ciento, lo que supone una disminución del 40% en términos relativos. Esta evolución podría estar señalando una transformación en los patrones de conducta y en la percepción del riesgo entre la juventud, posiblemente vinculada a campañas de prevención, cambios en el entorno social y una mayor concienciación sobre los efectos adversos del cannabis.

Este descenso contrasta con la estabilidad del consumo en la población adulta. En el grupo de edad entre 15 y 64 años, el 12 por ciento declara haber consumido cannabis en el último mes, una proporción que se ha mantenido en valores similares en los últimos años. Respecto del consumo diario, si bien en los últimos años ha experimentado un ligero incremento, la prevalencia en la actualidad se mantiene en un rango de prevalencia reducido con un 2,5 por ciento.

En términos asistenciales, el cannabis representa una importante carga para el sistema sanitario. En 2022, estuvo presente en el 46,2 por ciento de los episodios de urgencias hospitalarias por consumo de sustancias psicoactivas. Asimismo, fue responsable del 27,4 por ciento de las admisiones a tratamiento por drogodependencias, siendo la segunda sustancia tras la cocaína. Entre los menores de 18 años, el 93,5 por ciento de quienes inician tratamiento por drogas ilegales lo hacen por consumo de cannabis.

A su vez, se advierte sobre nuevas modalidades de consumo —como comestibles y e-líquidos— y la proliferación de cannabinoides sintéticos, cuya rápida aparición y variabilidad química dificultan su regulación y evaluación de riesgos. El informe concluye señalando la necesidad de una respuesta integral e intersectorial que combine vigilancia epidemiológica, prevención basada en evidencia, y refuerzo de las políticas públicas en salud y educación.