El derecho a reparar dispositivos ya es obligatorio
El pasado 31 de julio entró en vigor la llamada Ley del derecho a reparar, una norma impulsada por la Unión Europea, una vez que expiró el plazo para que los Estados miembros incorporaran a su legislación la Directiva (UE) 2024/1799. Esta ley obliga a los fabricantes a realizar las reparaciones necesarias «en un plazo razonable» y, en caso de que estas no sean de carácter gratuito, también a un «precio razonable«, con el objetivo de alentar la opción de la reparación.
El objetivo que persigue esta nueva norma es asegurar que, cuando se averían dispositivos como televisores, lavadoras o teléfonos móviles, el cliente pueda exigir la reparación del aparato en lugar de su reemplazo. Además, se busca que resulte más fácil y atractivo reparar un producto que adquirir uno nuevo, en muchos casos, promoviendo que esta opción sea más económica que sustituirlo.
La directiva cubre principalmente los dispositivos para los que la legislación europea ya obliga a los fabricantes a disponer de servicios de reparación y piezas de recambio, como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras, pantallas electrónicas o determinados teléfonos y tabletas, entre otros.
Igualmente, los fabricantes no podrán impedir la reparación mediante cláusulas contractuales, ‘software’ o ‘hardware’, salvo cuestiones de seguridad o protección de propiedad intelectual. También deberán facilitar el acceso a piezas de recambio y herramientas cuando así lo exija la normativa.
