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El Gobierno lanzará un bono joven para el alquiler de 250 euros mensuales

El Gobierno lanzará un bono joven para el alquiler de 250 euros mensuales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y que incluye el pacto para la nueva Ley de Vivienda, introduce un «bono joven» de 250 euros al mes durante dos años para jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas anuales inferiores a 23.725 euros.

Este bono podrá completarse con más ayudas directas al alquiler, de hasta el 40% de su valor, para las familias más vulnerables.

Durante la inauguración del I Foro Urbano de España que se celebra este martes en Sevilla, Sánchez ha explicado que la idea es llevar a cabo una política pública «para reducir la edad de emancipación tan insoportablemente alta en nuestro país para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler digna con el apoyo de la Administración General del Estado».

El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, también se ha manifestado en este sentido durante el Consejo de Ministros de este martes, recordando que aunque los contratos de los alquileres suelen tener una duración de cinco años, el Gobierno considera suficientes «dos años de ayudas, que son 24 meses por 250 euros al mes» para ayudar a los jóvenes a emanciparse.

La última vez que se tomó una medida similar fue en 2007, con la iniciativa de la entonces ministra del PSOE, Carme Chacón, para lanzar un bono de 210 euros mensuales para los jóvenes y préstamos de hasta 600 euros para hacer frente al pago de las fianzas.

Ayudas a la rehabilitación

El Consejo de Ministros también ha dado su visto bueno al paquete de 5.500 millones de euros previsto para incentivar la vivienda social y la rehabilitación de edificios. Dentro del programa, habrá una partida para la rehabilitación a nivel de barrio siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30% del consumo energético no renovable. La cuantía máxima de la ayuda podrá alcanzar los 21.400 euros por vivienda. En caso de que los propietarios o usufructuarios cumplan el criterio de vulnerabilidad económica o social, se financiará hasta el 100% del coste de la actuación con cargo a los fondos europeos.

También habrá ayudas destinadas a las oficinas de rehabilitación tipo ‘ventanilla única’ y, en cuanto a los edificios individuales, las inversiones se condicionarán al ahorro final de la actuación, con una cuantía máxima de la subvención de 18.800 euros por vivienda.

Tal y como estaba previsto, también habrá un programa para las obras que mejoren la eficiencia de los domicilios habituales de los propietarios o arrendatarios, subvencionando el 40% del coste de la obra con un límite de 3.000 euros por vivienda. El coste mínimo de cada actuación debe ser de 1.000 euros por casa, y deben destinarse a la reducción de la demanda energética de al menos el 7% a través de los sistemas de calefacción y refrigeración, o la reducción del consumo de energías no renovables en al menos un 30%.

En el ámbito administrativo, se otorgarán ayudas para la elaboración del libro del edificio existente para los procesos de rehabilitación de edificios finalizados antes del año 2000. «Las cuantías de las ayudas dependerán del número de viviendas del edificio, y podrán alcanzar hasta 3.500 euros por libro del edificio existente y hasta 30.000 euros por proyecto de rehabilitación», indican desde el Ejecutivo.

Este plan de rehabilitación de edificios, barrios y viviendas tiene como objetivo global a alcanzar en el segundo trimestre de 2026 la cifra acumulada de 510.000 actuaciones de renovación en vivienda y ayudar a multiplicar por diez el ritmo de rehabilitaciones en España.

Por último, las ayudas a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes financiarán el crecimiento, durante un periodo mínimo de 50 años, del parque público de viviendas destinadas al alquiler social o a precio asequible. Las actuaciones deberán garantizar un consumo de energía primaria no renovable, como mínimo, inferior en un 20% a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.

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