El Gobierno pondrá fin «al fraude» del alquiler de habitaciones

El Gobierno ha puesto el foco en el alquiler de habitaciones y el alquiler de temporada, a través de un acuerdo alcanzado con diversas formaciones parlamentarias. Uno de los puntos de mayor impacto es el que afecta a los alquileres de habitaciones, que según esta normativa pasarían a tener el precio regulado. Esto significa que la suma de la renta de las habitaciones no podrá superar el tope establecido para las viviendas y además los inquilinos quedan protegidas con las mismas garantías que si tuvieran un alquiler habitual de todo un piso.

Por otro lado, tras el acuerdo alcanzado, se establece que si un alquiler temporal dura más de 12 meses se deberá entender como contrato de arrendamiento de una vivienda habitual y, por lo tanto, se le podrán aplicar los mismos preceptos, plazos y prórrogas que se establece para ese tipo de alquileres en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). 

Finalmente, otro de los acuerdos alcanzados es que en ningún caso puedan fijarse nuevas condiciones contractuales que supongan la repercusión al inquilino de «cuotas, gastos generales, servicios, impuestos, tasas, cánones, contribuciones especiales u otros conceptos análogos que no estuviesen recogidas en el contrato anterior». Asimismo, cuando la finca sea de un único propietario, también se prohíbe el cobro de los gastos de comunidad al arrendatario.