El Parlamento Europeo rechaza reducir el periodo de validez de los permisos para los mayores
El pleno del Parlamento Europeo ha rechazado reducir el periodo de validez de los permisos de conducir para las personas mayores, tal y como defendía en un primer momento Bruselas, porque consideran que de lo contrario «se produciría discriminación y dañaría su derecho a la libertad de movimiento y participación de la vida económica y social de este colectivo».
La Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo, sí que valoró la aplicación de esta medida, que hubiese implicado unos plazos especiales de renovación de cinco años para mayores de 70 años, con exámenes médicos «más frecuentes», pero finalmente la descartó.
Fue en diciembre de 2023 cuando, por 22 votos a favor, 21 en contra y dos abstenciones, se decidió no imponer ninguna limitación especial al colectivo de mayores, y ahora se ha confirmado en la Eurocámara este mismo miércoles.
Por otra parte, el Parlamento Europeo apoya que los conductores evalúen su propia aptitud para conducir antes de la emisión y renovación del permiso y proponen que sean los gobiernos quienes decidan si esa autoevaluación debe ser sustituida por exámenes médicos que incluyan, por ejemplo, el control de la vista y las condiciones cardiovasculares.
En el caso español, la normativa estipula que las personas de más de 65 años deben renovar el carnet cada cinco años, mientras que el resto tiene que hacerlo cada 10.
Por ello, queda por ver cómo afectará a España este cambio a nivel europeo en los plazos de renovación para mayores –ya no existirían– y si se mantienen, tal y como se conocen actualmente, los exámenes psicotécnicos.
Por ahora, según comentan a este diario fuentes del Parlamento Europeo, esta propuesta votada en el pleno del Parlamento Europeo deberá negociarse durante cerca de año y medio con el resto de instituciones europeas, «posiblemente, después de las elecciones de la UE, que tendrán lugar del 6 al 9 de junio de 2024».
Y a todo esto habría que sumarle hasta dos años, que es el plazo que tienen los Estados miembros para adaptar sus normas nacionales, una vez aprobada la legislación europea.
