El sobrecoste eléctrico se dispara un 36% en agosto y encarece la factura a los hogares
El coste de los servicios de operación del sistema eléctrico se eleva en 2026 hasta los 3.360 millones de euros a cierre de la primera quincena de agosto, lo que supone un incremento del 36% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según refleja el último informe del Observatorio del coste de los servicios de operación.
El observatorio, compuesto por las patronales eléctricas Aelec, por las comercializadoras independientes ACIE y Acenel, la gran industria electrointensiva AEGE y la patronal empresarial CEOE, entre otras, estima que durante la primera quincena de este mes los consumidores han debido asumir un sobrecoste de 15,30 euros por megavatio hora (MWh), superando los 190 millones de euros.
Estos sobrecostes se deberían a las medidas adoptadas tras el apagón del 28 de abril de 2025, las cuales consisten en la entrada de un mayor número de ciclos combinados de energías renovables y no renovables. Un aumento del coste causado principalmente por la quema de gas como herramienta para estabilizar el sistema energético y evitar así los desequilibrios producidos por las fuentes de energías renovables.
De este modo, aseguran que desde inicios del presente año los sobrecostes promedian 21,24 euros/MWh, lo que eleva la factura acumulada hasta los 3.360 millones de euros. Asimismo, calculan que los costes de estos servicios suponen un impacto del 5% para los consumidores domésticos, un 8% para las pymes y hasta un 13% para los electrointensivos.
La factura asciende a 3.360 millones de euros
Las entidades que forman el Observatorio insisten en que el incremento de los costes registrado durante los últimos meses se traslada «directamente a la factura eléctrica de los consumidores y alcanzando en numerosos periodos niveles superiores al propio precio de la energía».
Todo esto se traduce como una señal de precios «distorsionada, que encarece el suministro eléctrico y reduce la competitividad de la economía», aseguran. Estas entidades insisten en que la solución a esto pasa por soluciones regulatorias para la financiación de estos servicios y una reforma estructural de la fiscalidad energética.
