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El TS obliga a los bancos a pagar costas si pierden en apelación por cláusulas abusivas

El TS obliga a los bancos a pagar costas si pierden en apelación por cláusulas abusivas

El Tribunal Supremo (TS) se ha pronunciado nuevamente sobre las costas en los procedimientos contra entidades financieras por las cláusulas abusivas, aclarando esta vez que los bancos deberán asumir las costas en segunda instancia cuando el consumidor gane el recurso en casos de cláusulas abusivas. 

En este sentido, ha dictado tres sentencias en las que resuelve que, en los procesos relativos a cláusulas abusivas en contratos con consumidores, los bancos deberán asumir las costas procesales de la segunda instancia cuando el recurso de apelación del consumidor sea estimado, total o parcialmente. 

Asumiendo estas consideraciones, el Tribunal Supremo ha modificado su doctrina y dicta ahora que:

  • Si el consumidor debe recurrir en apelación para dejar de estar sujeto a una cláusula abusiva y su recurso se estima (total o parcialmente), el banco profesional predisponente habrá de asumir las costas de la segunda instancia.
  • En los supuestos en que el banco recurre y obtiene una estimación parcial, deberá abonar la mitad de las costas al consumidor, correspondiendo ésta a la defensa que el consumidor ha debido realizar en apelación para mantener la declaración de abusividad reconocida en primera instancia.

Este nuevo criterio, aclara la Sala, no se extiende a los recursos extraordinarios por infracción procesal ni al recurso de casación, que, según la ley procesal, obedecen a finalidades y regímenes distintos en materia de costas.

El TS fundamenta su decisión en el principio de indemnidad del consumidor: ni el inicio del litigio ni la prosecución a instancias superiores deben disuadirle de recurrir, por temor a los costes, cuando busque el reconocimiento de la nulidad de cláusulas abusivas o la restitución de su situación previa a la celebración del contrato. Se pretende, además, reforzar el efecto disuasorio contra la inclusión de condiciones ilegales por los bancos, impidiendo así que las entidades financieras fomenten la litigiosidad como estrategia para desalentar reclamaciones.

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