Los países con mayor consumo fueron Lituania (294 bolsas por persona), República Checa (251), Letonia (229) y, en cuarto lugar, España. La mayor parte de ello proviene de las muy ligeras, en el caso español del total utilizado – 186,5 – 128 son de las de menos de 15 micras. En el lado contrario de la balanza se encuentran Bélgica (10 bolsas por persona), Portugal (17) y Polonia (20).

Las medidas

La Directiva que reduce el consumo de bolsas de plástico entró en vigor en 2015. Su objetivo principal era aminorar la utilización de las de un solo uso y limitar el impacto negativo que estas tienen en el medio ambiente. Estos propósitos van acordes con las políticas de residuos de la UE.

Los distintos países tenían de plazo hasta noviembre de 2016 para transponer la normativa a su legislación nacional – es decir, adaptar los mínimos que se disponen en la directiva y acondicionarlos a su derecho y ampliarlos en el caso de que el estado deseará hacer más énfasis en esa cuestión-. No obstante, la adaptación española llegó en 2018, dato que no es sorprendente, ya que desde 1995 a 2021 España pagó más de 75 millones en multas por el retraso en la translación de la norma europea al código español, según datos de la Comisión Europea.

Una de las primeras medidas fue la prohibición de las bolsas de plástico ligeras gratuitas que entró en vigor en julio de 2018. Se exceptuaban las muy ligeras por razones de higiene – su principal uso – y las que poseen un espesor igual o superior a 50 micras con un porcentaje igual o mayor al 70% de plástico reciclado. Uno de los últimos cambios que entró en vigor fue, en enero de 2021, fue la prohibición de la entrega al público de bolsas ligeras y muy ligeras no compostables de forma gratuita o de pago.

A pesar de ello, esta legislación y las campañas de concienciación que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas llevaron a cabo, no han acercado las cifras españolas a las medias europeas. A tres años del plazo final de adaptación, las cifras superan en más de un 460% los valores máximos marcados por la UE para 2025.