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La tasa COVID ha sido declarada abusiva por la Dirección General de Consumo

La tasa COVID ha sido declarada abusiva por la Dirección General de Consumo

Como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19, se ha hecho necesario el cumplimiento de medidas de higiene, desinfección, prevención y acondicionamiento por parte de los establecimientos y locales con apertura al público puede conllevar para ellos la asunción de determinados costes adicionales a sus costes operacionales habituales.

En este sentido, la Dirección General de Consumo, ha mandado una nota informativa como consecuencia de que determinados establecimientos y locales con apertura al público están incluyendo en sus facturas, o están valorando incluir, un recargo sobre el precio de los bienes o servicios objeto de su actividad comercial de cara a transmitir el total o parte de estos potenciales costes adicionales a su clientela. Así desde este organismo se ha determinado que las actividades de higiene, desinfección, prevención o acondicionamiento de los establecimientos o locales no son servicios accesorios opcionales sobre los que el consumidor o usuario tenga capacidad de aceptación o rechazo, sino que son inherentes según la normativa vigente a la propia actividad comercial de los establecimientos y locales con apertura al público; Por tanto, el hecho de incluir los potenciales gastos ocasionados por las actividades de higiene, desinfección, prevención o acondicionamiento, de forma desglosada, en una factura dirigida al consumidor o usuario supondría el traslado al consumidor y usuario de unas obligaciones que competen exclusivamente al proveedor del bien o prestador del servicio a las que vienen obligados debido al desarrollo de una actividad comercial o profesional.

Así, desde la Dirección General de Consumo, han concluido en su nota informativa del día de hoy 11/06/2020, que la inclusión de dichos gastos de forma desglosada en una factura podría ser considerada como una cláusula abusiva en el sentido de los puntos 4 y 5 del artículo 89 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (LGDCU), puesto que se trataría de la imposición al consumidor y usuario de un servicio no solicitado y no susceptible de aceptación o rechazo por su parte, aun habiéndose informado a estos de forma previa; pudiendo ser considerada una práctica constitutiva de infracción
administrativa en materia de protección de los consumidores y, por tanto, sancionable.

 

Puede acceder a la nota informativa completa de la Dirección General de Consumo, pinchando AQUÍ.

 

 

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