La UE aprueba la primera ley sobre inteligencia artificial del mundo
Las instituciones de la Unión Europea (UE), tras más de 30 horas de intensas negociaciones, han pactado una ley de inteligencia artificial que permite o prohíbe el uso de la tecnología en función del riesgo que suponga para las personas. El acuerdo, en la actualidad, tendrá que ser ratificado en el Parlamento Europeo y el Consejo de Seguridad de la UE.
“La ley de inteligencia artificial de la UE es pionera en el mundo. Un marco legal único para el desarrollo de la inteligencia artificial en el que se puede confiar”, ha transmitido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una publicación de ‘X’ (anteriormente conocido como Twitter).
Uno de los puntos sensibles de esta normativa ha sido el uso que las fuerzas del orden podrán hacer de las cámaras de identificación biométrica para garantizar la seguridad nacional y prevenir delitos como el terrorismo o la protección de infraestructuras.
En principio, la ley prohíbe las cámaras de reconocimiento facial en espacios públicos. Ahora bien, los gobiernos han realizado un gran esfuerzo durante varios meses para permitirlas en casos concretos, siempre con previa autorización judicial.
La otra temática que ha centrado gran parte de las negociaciones es la regulación de los modelos fundacionales de inteligencia artificial, los sistemas en los que se basan programas con ChatGPT, de la empresa OpenAI, o Bard, de Google.
Aunque la ley no estuviera pensada para regular este tipo de sistemas, ya que todavía no se habían popularizado cuando la Comisión Europea presentara su primera propuesta de regulación en 2021, las instituciones comunitarias han visto la necesidad de legislarlos tras el estallido de ChatGPT en los últimos meses.
Con todo ello, cabe destacar que el objetivo principal de esta nueva regulación europea -que entrará en vigor gradualmente a partir de 2024- es fijar estándares de seguridad y de derechos fundamentales que eviten que la tecnología se utilice con fines represivos, de manipulación o discriminatorios. Sin que esto se traduzca en una hiperregulación que suponga un obstáculo en la competitividad de la UE.
Las empresas que incumplan esta futura legislación, la cual está acompañada de un régimen sancionador, se enfrentarán a multas de entre 35 millones de euros o el 7% de la facturación global y 7,5 millones o el 1,5% de la facturación, dependiendo del tipo de infracción y el tamaño de la empresa.
