Las comunidades con calefacción central tendrán que devolver parte de la subvención si en un año no instalan contadores individuales

Las comunidades de vecinos con calefacción central podrán acogerse ya este otoño a una nueva tarifa regulada del gas, que recortará su factura hasta un 50%. Se beneficiarán de una nueva tarifa de último recurso (TUR) hasta 1,7 millones de hogares que el Gobierno calcula que existen con este sistema, pero no a todas se aplicará de la misma manera. Aquellas que en septiembre de 2023 no hayan aplicado la ley que las obliga a cambiar el contador colectivo por contadores individuales -uno por piso- se verán penalizadas con el 25% del ahorro que hayan acumulado desde que se acogieron a la nueva tarifa.

Estos son los términos de la nueva tarifa de gas vecinal que se incluye en el decreto-ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, con varias medidas de apoyo económico que desarrolla el plan de contingencia que aprobó la semana pasada. Además de una nueva tarifa eléctrica para trabajadores de bajos ingresos que no entren en los criterios del bono social y la ampliación de las cuantías del bono social térmico y el eléctrico, su elemento principal es el nuevo instrumento con el que el Gobierno espera que las comunidades de vecinos puedan ahorrarse hasta un 50% de lo que pagan de gas para la calefacción central.

Se trata de una nueva tarifa de último recurso, la TUR 4 -y sucesivas categorías, hasta 11, en función del tamaño de la comunidad y su patrón de consumo- que será temporal y estará en vigor hasta diciembre de 2023. Permitirá que las comunidades de vecinos, que hasta ahora quedaban fuera de la TUR 3 por superar el consumo anual máximo de 9.000 kilovatios, estén también cubiertas por unas tarifas reguladas, que fija el Gobierno cada tres meses y que suponen un ahorro de casi 900 euros por vecino y año, si se comparan con la oferta más baja que hacen las comercializadoras de electricidad en el mercado libre. 

Cubrirá el 100% del consumo de gas de cada comunidad siempre que esté en la media de consumo de los cinco años anteriores. Para evitar que una rebaja de la factura lo dispare, todo lo que esté por encima de esta media tendrá un incremento del 25% en la tarifa regulada.

El Gobierno compensará este ahorro a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para compensar a las comercializadoras de tarifa de último recurso por la diferencia entre estos precios regulados y el precio real del gas -junto a la nueva tarifa eléctrica para hogares de bajos recursos y la ampliación de los bonos social, destinará 3.000 millones de fondos públicos-, pero a cambio quiere que esta nueva tarifa suponga un aliciente para que las comunidades cumplan la ley de 2020 y sustituyan los contadores colectivos de gas por contadores individuales, que permitirán a cada vecino saber exactamente cuál es su consumo. 

Según la norma, están obligadas a ello todas las comunidades que se edificaron antes de 1981 -cuando se empezaron a construir con contadores individuales- y quedan fuera las que se sitúen en las zonas climáticas A y B, la más cálidas -Canarias, Baleares, Extremadura, costa de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana-, así como aquellos vecindarios en los que el cambio no fuera posible por motivos técnicos o no fuera rentable económicamente. Con un calendario con distintos plazos en función de la ubicación o el número de vecinos, los últimos expiraban en marzo y mayo de 2023.

El Gobierno calcula que de los 1,7 millones de hogares, solo 400.000 han hecho ya el cambio a contador individual y ahora dará una prórroga al resto hasta septiembre de 2023. Asimismo, elimina el eximente de no rentabilidad para que todas las comunidades que estén obligadas a hacer el cambio de contadores lo hagan. Quedarán fuera aquellas en las que no sea técnicamente posible o las que no estén obligadas por estar en zona climática A y B. Si no, se les aplicará un «recargo» del 25% en el término variable sobre el consumo en el momento en el que se acogieron a la TUR vecinal.

A las comunidades que todavía no tengan contadores individuales se les exigirá una declaración responsable -acordada en las juntas de vecinos, por ejemplo- a la hora de solicitar la nueva TUR vecinal, en la que se comprometerán a hacer el cambio antes de que termine septiembre de 2023. Si no lo hacen para entonces, se les aplicará el recargo del 25%. Para beneficiarse de la nueva tarifa, además, tendrán que estar al día en la revisión de la caldera.

De momento, en cuanto entre en vigor el decreto-ley que se ha aprobado este martes, las comunidades podrán solicitar esta nueva tarifa regulada a las mismas comercializadoras de tarifa de último recurso que tramitan las tres TUR que ya existen. Este instrumento expirará cuando termine 2023, fecha hasta la que el Gobierno también prorroga el límite de 67 euros Mhw al que las eléctricas puede cobrar la luz, el mecanismo con el que minora los beneficios de las eléctricas por las renovables y que hasta ahora tenía una vigencia hasta diciembre de 2022.

Fin de la tasa por la ‘excepción ibérica’

Por otra parte, el real decreto-ley obliga a las comercializadoras a eliminar de las facturas de gas y electricidad el «cargo» o «tasa» que desde este verano algunas empezaron a incluir para reflejar la compensación por el precio real del gas que contempla el límite de 40 euros MWh de la ‘excepción ibérica’. Este nuevo concepto generó alarma entre la población y malestar en el Ministerio de Transición Ecológica, que consideraba que llevaba a confusión, dado que suponía reflejar el coste de la ‘excepción ibérica’ pero no los beneficios de un mecanismo con el que asegura que los consumidores se han ahorrado 2.800 millones de euros desde junio.

A partir de diciembre, las facturas de luz y de electricidad incluirán una denominación «unificada» de lo que cuesta compensar a las eléctricas por el precio real que pagan por el gas natural que emplean para producir electricidad y el límite de 40 euros MWh, que eliminará conceptos que hacían alusión a nuevas tasas o impuestos. También deberán reflejar las bajadas del IVA del 21 al 5% en el gas y la luz, al estilo de cómo se plasmó en el ticket de las gasolineras el descuento de 20 céntimos por litro de combustible. «En lugar de pagar un IVA del 21% está pagando un IVA del 5%», ha especificado Ribera.

El Gobierno instó a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNCM) a establecer un modelo, que incluirá el mismo párrafo que aparece en el decreto que creó el mecanismo ibérico para referirse a esta compensación por el precio real de gas. Además, el Gobierno incluirá también información sobre el ahorro que supone el límite del precio del gas, de manera parecida a los datos que publica todos los días el Ministerio de Transición Ecológica en redes sociales para reflejar el precio de la luz con y sin mecanismo.

Además, las comercializadoras están obligadas a reflejar en las facturas de luz y gas el consumo medio de hogares y pymes que se encuentren en el mismo código postal del cliente en cuestión y se incluirá un enlace y código QR que dirigirá al consumidor a la comparativa que hace la CNMC sobre las tarifas que ofrece dada comercializadora del mercado libre, para que tenga información directa de lo que ahorra o lo que podría ahorrar si cambiara.

El decreto-ley también eliminará la permanencia que fijan las compañías para contratos de luz y gas, facilitando así la rescisión de contratos, y permitirá hasta diciembre de 2023 que empresas y autónomos puedan modificar la potencia contratada dentro de un mismo año. También se compensará a las comercializadoras por ello vía Presupuestos, de donde también saldrán los 40 millones que se invertirán para que los hogares con contadores individuales -lo que pueden acogerse a la tarifa de gas regulada TUR3- sustituyan sus aparatos analógicos por otros digitales.

Autoconsumo

Por otra parte, la nueva ley modifica normativa relativa al autoconsumo, para dar un impulso a la instalación de placas fotovoltaicas en los tejados de las casas. A partir de ahora, a distancia permitida entre el autoconsumo -las placas del tejado- y el punto de generación de electricidad se dobla y pasará de 500 metros a un kilómetros. Con ello, se pretende ampliar el alcance de las comunidades energéticas que al ser pequeñas no tienen que pagar peajes pero sin dar cabida a productores profesionales, industriales, que es autodenominan autoconsumo para estar exentos de cargos. Por eso, por ejemplo, quedan exentas placas instaladas sobre terreno o a una distancia superior al kilómetro.

«Hablamos de autoconsumo, de algo que se produce cerca de donde vivimos y para nuestro propio consumo», ha precisado Ribera sobre instalaciones que vierten a la red lo que les sobra, si les sobra. «No tiene que ver con instalaciones pequeñas, que son importantes, pero que no es lo mismo que el autoconsumo para consumo propio con un margen de vertido muy limitado que hacer negocio y pretender que llamándolo autoconsumo nos sufrague el vertido a las redes», ha incidido la vicepresidenta.

Para simplificar la tramitación de estas instalaciones, el decreto aumenta de 100 Kw a 500 KW el tamaño de la planta exenta de presentar autorización previa a su construcción.