Las eléctricas piden a Ribera retrasar hasta el verano el nuevo recibo de la luz
Los plazos de la reforma, según explican fuentes de las grandes compañías, están muy ajustados. Competencia ha hecho su parte de los deberes al aprobar cómo se cubrirán los 7.000 millones -peajes- destinados a pagar los costes de transporte y de distribución de la electricidad. Pero el decreto para ajustar cómo se reparten los cargos por importe de otros 11.000 millones (ver gráfico) destinados a pagar renovables y otros costes fijos que dependen Gobierno, todavía no ha salido del Consejo de Estado.
Con el nuevo recibo, los usuarios domésticos de electricidad tendrán la posibilidad de contratar varias potencias (por ejemplo, para recarga de coche eléctrico) y podrán aprovechar más las franjas horarias de las tarifas (horas punta, llano y valle). La nueva tarificación obligará a las distribuidoras eléctricas a reprogramar 27 millones de contadores y a modificar sus sistemas. Las seis tarifas actuales de los consumidores domésticos pasan a una sola (2.0 TD), con precios distintos según las horas. A los 11 millones de consumidores que están en el mercado regulado (PVPC, Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) automáticamente se les aplicarán los nuevos periodos. Quienes estén en precio libre, tendrán que estudiar las distintas ofertas del suministrador.
El cambio, por tanto, afecta tanto a los clientes acogidos al PVPC -la tarifa regulada-, como a los clientes acogidos a contratos en el mercado libre. Para el usuario de a pie, con consumos inferiores a 15 KW, el ahorro no será mucho. La diferencia entre utilizar un lavaplatos en hora valle o punta no llega a dos céntimos de euro, explica un directivo de una de las grandes compañías. Pero sí abre más posibilidades de ahorro a las empresas con más consumo y, lo que es más importante, ofrece a las empresas comercializadoras de electricidad y a los nuevos agentes del mercado como los agregadores de demanda la posibilidad de «jugar·» con las ofertas y ganar dinero ofreciendo fórmulas de ahorro a la clientela.
Se acaba, sobre todo, con el esquema que ha venido funcionando hasta ahora y que suponía pocos cargos para los clientes con alta tensión (grandes empresas e industrias); cargos más altos para los clientes en media tensión y muy altos -en comparación- para los clientes de baja tensión. Estos son, en su inmensa mayoría, hogares y pymes. El sistema entra en una nueva etapa y deja atrás la que permitió el término fijo más caro de Europa en la factura de la luz, tras la reforma de 2013, que prácticamente duplicó el coste del peaje de potencia y potenció la parte fija del recibo (la potencia contratada) frente a la energía consumida, la parte variable.
Limpiar la factura
Junto a la nueva tarificación, el Gobierno ha planteado otra medida de calado para reformar el sistema: un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) para sacar del recibo de la luz los cargos destinados a financiar las renovables. La limpieza, según el Ministerio de Transición Energética,rebajará el recibo de los hogares en un 13% en cinco años. Si no se modificara el sistema actual, con la Ley en vigor habría que ajustar al alza la parte regulada del recibo de la luz de manera automática. Con las previsiones actuales, esto supondría un incremento de entre un 10% y un 15% de la parte regulada de la factura.
Los cambios en la tarificación obligarán a reprogramar los 28 millones de contadores digitales instalados desde el año 2007. Va a ser una prueba para un parque de aparatos, renovados, que además de facilitar la facturación por parte de las empresas distribuidoras, deben aportar a los consumidores información sobre la hora exacta de utilización con objetivos de eficiencia energética; deben garantizar la privacidad y seguridad en la trasmisión de datos, y deben medir la electricidad vertida a la red a partir de las instalaciones de autoconsumo.
El debate está cerrado en la parte que afecta a los pequeños consumidores. Pero para la industria, los cambios son especialmente sensibles. En España, la mitad del consumo eléctrico se concentra en apenas un millón de consumidores. La mayor parte son empresas que reclaman un estatuto propio como grandes consumidores de electricidad. Periódicamente, advierten sobre los riesgos de deslocalización alimentados por la carestía de la electricidad.