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Los cigarrillos electrónicos solo podrán comprarse en estancos en un plazo de 5 años

Los cigarrillos electrónicos solo podrán comprarse en estancos en un plazo de 5 años

El cigarrillo electrónico y el convencional tendrán a partir de ahora la misma consideración. Al menos, en lo que se refiere a la regulación de su fabricación, distribución y comercio. Así lo recoge el Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos aprobado hoy por el Consejo de Ministros y donde se recoge que los nuevos dispositivos electrónicos para fumar tendrán que venderse exclusivamente en estancos en un plazo máximo de cinco años. El motivo, según explica el Ejecutivo, es «mejorar el control de los productos, someter a revisión sus actividades publicitarias y evitar la venta a menores y por Internet».

De esta manera, apunta el Gobierno en un nota de prensa, se pretende poner coto al comercio ilícito de estas sustancias y, consecuentemente, «garantizar la seguridad de los consumidores«. Según ha informado el Ejecutivo, la norma, aprobada en primera vuelta, debe servir para que «todos los productos que llegan al consumidor lo hagan de forma segura».

Pero no solo eso: con este texto España se pone al día con lo que le pide la Unión Europea en cuanto a convenios y tratados internacionales del control de tabaco. La norma se adecua a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que anima a que la venta de estos dispositivos de tabaco novedosos se limite a los establecimientos regulados por el Estado.

La ley establece una mejora en la supervisión de los productos relacionados con el tabaco con el objetivo de que los que lleguen al consumidor cumplan las normativas europea y española con plenas garantías. Dicha supervisión se extenderá a todas las actividades industriales y comerciales del sector: desde la primera transformación de tabaco crudo hasta su venta al cliente.

Reforzar la neutralidad de la red de estancos

La nueva ley pretende reforzar el principio de neutralidad de la red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado. Esa neutralidad asegura, según explica el Gobierno, que no se favorezca el consumo de unas marcas, productos o fabricantes frente a otros. Siguiendo además la normativa internacional, se incorporarán «deberes de diligencia» para los operadores, que tendrán que garantizar que toda su actividad se lleva a cabo «con empresas legales y para fines lícitos».

Las facultades regulatorias del Ministerio de Hacienda y Función Pública serán actualizadas, así como las del Comisionado para el Mercado de Tabacos, de acuerdo con la normativa de la UE sobre la vigilancia del mercado. Por lo tanto, se contemplarán nuevas infracciones en las conductas de los operadores del sector y se aprobarán nuevas sanciones para desincentivar cualquier incumplimiento de sus obligaciones.

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