Los juzgados de cláusulas abusivas de las hipotecas que seguirán funcionando hasta final de año

Ya han pasado cinco años desde que se pusieron en marcha los juzgados especializados en atender el aluvión de demandas de los consumidores por las cláusulas abusivas de las hipotecas.

Tras un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 1 de junio de 2017 estos organismos judiciales empezaron a operar a escala provincial, con el objetivo de evitar el colapso de la justicia ordinaria ante la oleada de reclamaciones de los consumidores contra la banca por las cláusulas abusivas de las hipotecas, como las suelo, la cláusula del vencimiento anticipado, los intereses moratorios, los gastos de formalización de hipoteca, las hipotecas multidivisa o las hipotecas referenciadas al índice IRPH. 

A finales de 2020, dejaron de operar los primeros nueve juzgados (Zaragoza, Ávila, Soria, Segovia, Lugo, Ourense, Huesca, Teruel y La Rioja), dado el escaso volumen de asuntos pendientes de resolver que tenían entonces y de nuevas demandas que estaban recibiendo.

Desde entonces han ido desapareciendo poco a poco más juzgados provinciales y a partir de julio solo quedarán 22 activos en toda España. Según ha acordado la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, los últimos que se disolverán este 30 de junio son los de Cáceres y Badajoz. En cambio, nueve órganos judiciales cuyo vencimiento estaba previsto al concluir este primer semestre del año seguirán en marcha al menos hasta final de año. Se trata de los juzgados de Asturias, Cantabria, Castellón, Toledo, Ciudad Real, Burgos, Navarra, Álava y Guipúzcoa.

A estos nueve órganos judiciales prorrogados se suman los 13 cuyo vencimiento ya estaba previsto hasta el 31 de diciembre de 2022. Se trata de los juzgados especializados de las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla, Mallorca, Tenerife, Valladolid, León, Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid, Vizcaya y Murcia.

El comunicado del CGPJ explica que “el plan de especialización en cláusulas abusivas fue puesto en marcha el 1 de junio de 2017 y, desde esa fecha hasta hoy, se ha venido prorrogando de forma continuada, en el modo y por el tiempo estimado necesario para cada órgano judicial. La positiva evolución experimentada -en cinco años se ha conseguido reducir notablemente la bolsa de asuntos pendientes en muchos de esos juzgados- permite que el plan se vaya dejando sin efecto de forma progresiva, previo análisis individualizado de la situación de los juzgados”.

Y añade que “esta medida consiste en la especialización de determinados juzgados de primera instancia para los asuntos relativos a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias», una atribución exclusiva de la competencia en esta materia que «ha permitido además la homogeneización de criterios, reforzando de este modo el principio de seguridad jurídica”.

Más de medio millón de asuntos resueltos

Hasta finales del año pasado, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de cláusulas abusivas habían resuelto casi 501.600 casos, lo que representa más del 71% de los 713.129 asuntos ingresados desde su puesta en marcha.

Según el organismo, “el número de asuntos pendientes de resolución en los estos juzgados provinciales registró en 2021 un importante descenso y mantuvo la tendencia a la baja de los últimos ejercicios. Al concluir el año, los asuntos en trámite sumaban un total de 212.969, un 11,17% menos que en 2020 (239.773). La tasa de resolución anual también experimentó un importante aumento respecto a los tres ejercicios anteriores al situarse en el 123%”. Durante el año pasado, añade el CGPJ, “ingresaron en los juzgados especializados en cláusulas abusivas 116.293 asuntos, un 5% más que en 2020. También aumentó en un 24,2% el número total de asuntos resueltos, que pasaron de los 114.966 de 2020 (un ejercicio marcado por los efectos de la crisis sanitaria) a los 143.050 de 2021”.