Los pisos turísticos deberán informar de sus clientes del Covid-19, llevar un registro y suministrar protección

Los pisos turísticos tendrán que entregar un registro de sus ocupantes a los Cuerpos de Seguridad del Estado con el objetivo de facilitar su trazabilidad ante un posible brote de coronavirus y proporcionar a los clientes equipo de protección.

El Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) tiene elaborado el borrador del protocolo para viviendas de uso turístico, validado por el ministerio de Sanidad y el cual avala la seguridad de residentes, turistas y trabajadores de los pisos turísticos. Dicho protocolo reúne un conjunto de recomendaciones y normas, entre ellas el responsable de la vivienda efectuará el registro del cliente, custodiado durante 30 días mínimo, comprobando sus datos personales, con independencia de que se haya hecho de forma telemática. Durante el proceso de recepción se deberán entregar las llaves y tarjetas de acceso desinfectadas, mantener la distancia de seguridad y fomentar el pago con tarjeta.

Si la vivienda se encuentra en zona residencial, plurifamiliar o miltifamiliar con zonas comunes de clientes y residentes, los responsables entregarán un equipo de protección al cliente.

Otra de las recomendaciones de este protocolo es que estos pisos cuenten con información en varias lenguas de las medidas de prevención, reducir la decoración, los textiles y las alfombras y acondicionar la sala con papeleras de tapa de accionamiento no manual. La limpieza deberá incrementarse sobretodo en zonas con mayor contacto y se llevará a cabo un procedimiento especial en caso de alojar un cliente con síntomas de la enfermedad.

Se trata del último protocolo del ICTE, el que más duración está llevando en elaborar, debido a la complejidad administrativa de las viviendas turísticas ya que cada Comunidad Autónoma las tiene reguladas y categorizadas de una manera diferente, por lo que se han buscado los puntos en común de este tipo de alojamientos para que el texto fuera aplicable en todo el territorio nacional.

Fuera de las directrices han quedado tanto las viviendas de uso turístico que se comercialicen por habitaciones, como aquellas en las que no se cuente con trabajadores contratados.