El Gobierno busca incrementar a la banca los intereses de demora que paga a los clientes cuando un juez le obliga a devolver las cantidades cobradas de más por cláusulas abusivas.

El Grupo Socialista en el Congreso ha registrado una enmienda para incrementar estos intereses, al menos, hasta el 20%, si ya han transcurrido dos años desde que un juez condenó a la entidad financiera a devolver al cliente las cantidades cobradas de forma abusiva. Si han pasado menos de dos años, el interés de demora se fijará en el interés legal del dinero, más un 50%. En la actualidad este tipo está en el 3,25%, por lo que incrementado un 50% se situaría en el 4,875%.

Los socialistas buscan modificar a través de esta enmienda la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para encarecer a la banca el coste de la compensación en los casos en los que se nieguen a buscar una solución de forma consensuada con el cliente y, por tanto, le obliguen a acudir a los tribunales.

Según informó este lunes Europa Press, el PSOE justifica que la judicialización de estos conflictos, en ocasiones de forma masiva, ha conllevado y conlleva un importante coste en tiempo y recursos económicos que no se corresponde con una tutela efectiva de los intereses de los ciudadanos.

A esto añaden el impacto «muy negativo» que estos juicios tienen sobre la imagen pública del sector financiero en su conjunto, lo que «daña» la confianza y el buen funcionamiento de la economía española. «Estas carencias han determinado la necesidad de reforzar los instrumentos de defensa de los consumidores mediante el establecimiento de mecanismos efectivos y ágiles de resolución alternativa de conflictos entre los clientes y las entidades financieras», indica el partido socialista.

El inicio del cómputo de dichos intereses será la fecha del abono por los consumidores y usuarios de las cantidades que deban ser restituidas por el empresario. El final del cómputo será el día de la total restitución de la cantidad debida por la empresa.

Nueva jurisprudencia

El cambio que persigue el PSOE va de la mano con la última jurisprudencia europea y nacional que insta a las entidades a facilitar las devoluciones a los clientes por cláusulas abusivas. El Tribunal Supremo matizó su criterio el pasado mes de abril para acuciar a la banca a tomar la iniciativa para eliminar las cláusulas abusivas de los contratos de los clientes antes de que estos reclamen puesto que, de lo contrario, a la hora de llegar a juicio asumirán las costas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya introdujo esta visión en su fallo del 13 de julio de 2023 al apuntar que las entidades deben ponerse en contacto con los clientes con cláusulas abusivas.