Las autoridades competentes de las comunidades autónomas han sido informadas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y, a los Servicios de la Comisión a través de la Red de Alerta Alimentaria europea (RASFF), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.