Según Javier Padilla, médico de familia, experto en Salud Pública y miembro del colectivo Silesia, un think tank sobre políticas de salud para combatir la precariedad, el impuesto catalán, de carácter progresivo, es más efectivo a muchos niveles que el incremento del 10% al 21% que planea el Gobierno. “El impuesto que se aplica en Cataluña establece dos intervalos y dependiendo de los gramos de azúcar por 100 ml se aplica un gravamen u otro”, señala Padilla, que participó en el artículo elaborado por el Instituto de Salud Carlos III evaluando la experiencia catalana. “Este tipo de impuesto tiene un mejor impacto para la salud que el incremento generalizado del IVA, puesto que obliga a las empresas a trabajar en la composición de las bebidas para reducir la cantidad de azúcar y así rebajar las tasas sobre ellas”, explica Padilla. Cuando se aplica una subida general del IVA a un 21%, “en realidad se está estimulando a que la industria, en lugar de bajar el azúcar, baje el precio”, concluye el experto.

Padilla añade que un incremento de un 10% a un 21% “supone una cuantía muy pequeña, ya que por experiencias internacionales se ha visto que es a partir de un aumento del 20% cuando se produce un desplazamiento en el consumo de bebidas azucaradas a no azucaradas”. Para el doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y autor del blog Gominolas de Petróleo, Miguel Ángel Lurueña, “pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el incremento sea de al menos el 20% sobre el precio, se ha demostrado que la reducción en el consumo se produce en un porcentaje similar al de la cantidad incrementada. Es decir, si se aumenta un 10% el precio, es previsible que el consumo se reduzca también en un 10%”.

El experto insiste, sin embargo, en que si bien la medida puede ayudar a combatir la obesidad y otras afecciones y mejorar la salud de la población, “subir el precio de forma aislada no servirá de nada si la medida no va acompañada de otras políticas. No se puede simplificar un problema que es muy amplio, en el que intervienen muchos factores”. Padilla coincide: “Se debería trabajar en lo que llamamos una fiscalidad saludable, es decir que las políticas de impuestos sean herramientas para mejorar la salud. En este sentido, el incremento en el precio de las bebidas azucaradas debería ir acompañado de políticas para atraer a la población hacia el consumo de ciertos productos, de manera que debería implementarse una política de beneficios fiscales a los alimentos saludables”.

El experto en Salud Pública se refiere a medidas como instalar fruterías en aquellos barrios donde existen menos lugares de alimentación saludable, y recuerda que tras este impuesto subyace una cuestión de clase. “En los barrios más pobres es donde se consumen más bebidas azucaradas. Al igual que todos los hábitos de vida no saludables, existe un gradiente de clase muy importante”, explica Padilla, quien señala que en el caso de los gravámenes a las bebidas azucaradas se da una paradoja. “Es un impuesto regresivo, que grava al consumo, de manera que lo paga todo el mundo igual independientemente de su nivel de renta. Sin embargo, esta regresividad en tasas se traduce en una progresividad en salud, puesto que al tener la capacidad de disminuir el consumo, la medida impacta sobre todo en aquellos que más consumen este tipo de bebidas, que son precisamente las personas de rentas más bajas”.

Padilla recuerda que es precisamente en los barrios más pobres donde existe una mayor presión obesogénica, que impacta de forma decisiva sobre la salud pública. “Entendemos por presión obesogénica el número de impactos que nos incitan a consumir alimentos que son promotores de la obesidad, desde la publicidad hasta el número de establecimientos con oferta de comida no saludable, que se da sobre todo en los barrios con rentas bajas”. De hecho, un estudio realizado en Madrid hace tres años señala que la densidad de establecimientos de comida basura cerca de los colegios es el doble en los barrios de rentas bajas que en los de clases sociales más altas.

“No se trata de que quienes tengan menos dinero gasten más, sino que dejen de comprar este tipo de bebidas”, señala, por su parte Lurueña, partidario de que el estado “vele por la salud de los ciudadanos”. El experto señala, sin embargo, que “muchas personas que se ven afectadas se indignan ante lo que consideran una intromisión del estado en nuestras vidas y cometen un error en el que se cae a menudo y deberíamos evitar: culpabilizar a las víctimas”. Lurueña insiste, en este sentido, en que “comer bien no es una cuestión de querer, sino de saber lo que es comer bien y lo que no y, no menos importante, poder comer bien. Para ello es fundamental tener acceso a una serie de servicios de los que mucha gente carece”.

Una de las cuestiones que surgen ante la inminente puesta en marcha de un impuesto que ya se aplica en otros países con buenos resultados es de qué sirve gravar las bebidas azucaradas si otros ultraprocesados, también azucarados, como la bollería industrial mantienen sus precios. “Se ha empezado por las bebidas azucaradas porque es sencillo, pero está previsto que este gravamen se amplíe a los alimentos ultraprocesados no saludables”, señala Padilla, quien explica que, en este caso, el diseño del impuesto es más complicado, puesto que en algunos lugares se elabora repostería artesanal, también azucarada, cuya situación da lugar a debate.

El experto recuerda que un caso de éxito paradigmático de este impuesto es México. Según un estudio realizado en 2015 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que calculó el índice de masa corporal de diferentes países usando estimaciones de altura y peso, México es el segundo país con más obesidad del mundo por detrás de Estados Unidos. “Es un país en el que es más barato comprar dos litros de Coca-Cola que de agua. Con este impuesto, se ha visto disminuido el consumo de forma estable y lo ha hecho de una manera que no ha sido regresiva a nivel de clase social. La medida ha beneficiado más a las clases bajas que a las altas”, concluye Padilla.