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Bruselas eleva la competencia entre las eléctricas con más poder al consumidor

Bruselas eleva la competencia entre las eléctricas con más poder al consumidor

Los consumidores son los que han sufrido el mayor impacto de la crisis energética en sus facturas y la Comisión Europea quiere que tengan más poder de decisión a partir de ahora. Bruselas plantea bajo la reforma del mercado eléctrico una serie de obligaciones a las compañías con el fin de otorgar a los clientes una «mayor protección y empoderamiento». En concreto, prevé introducir nuevas obligaciones a las compañías para garantizar que los clientes puedan tener más de un suministrador en sus instalaciones, «permitiendo múltiples contadores para un único punto de conexión».

El Ejecutivo comunitario pretende así que se ofrezca a los clientes la posibilidad de tener contratos de suministro con más de una comercializadora en función de sus necesidades. La idea es que, si así lo desea, pueda contratar con una compañía una tarifa indexada al mercado diario para la recarga de un coche eléctrico aprovechando las horas más baratas durante la noche, y que a la vez tenga con otra empresa un contrato con precio fijo para el del resto del hogar.

Antes España (y en la mayoría de los países europeos) el usuario solo podía tener un contrato por cada punto de suministro y un contador. Sin embargo, el Real Decreto-ley 15/2018 introdujo una modificación en la ley española del sector eléctrico para que en un mismo punto de suministro puedan haber varios contratos con varios suministradores diferentes. Esto estaba sujeto a un desarrollo reglamentario que no se ha llegado a realizar y, por lo tanto, esta posibilidad no se ha puesto en práctica. Fuentes del sector explican que la modificación de la ley se hizo para facilitar los contratos a plazo, los denominados PPA. Las mismas fuentes apuntan que esto permitiría que un consumidor tuviera un contrato PPA con una planta renovable, y comprara el resto de su energía a una comercializadora.

Ahora la Comisión va un paso más allá y lo impondrá como obligación en todos los Estados miembro. Las fuentes consultadas advierten de que el proceso puede ser «extraordinariamente complejo» debido a la gestión informática que se necesitará, la estandarización de sistemas y protocolos de comunicación, la liquidación y facturación, etc. Otro punto que impondrá Bruselas es que en cada Estado miembro los consumidores tengan acceso a contratos con un precio fijo durante mínimo un año. En algunos países hay comercializadoras que ofrecen tarifas a solo tres meses vista, pero en España tras el verano de 2021 Iberdrola, Endesa y Naturgy se lanzaron a la conquista de los clientes acogidos a la tarifa regulada aprovechando que estaban sufriendo la subida de precios de la electricidad en el mercado mayorista. Las campañas de las grandes eléctricas partían de los 58 euros el megavatio hora (MWh) y aseguraban estabilidad durante años.

‘Guerra’ comercial

Con la propuesta de Bruselas, que todavía debe ser debatida y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, se aviva aún más la ‘guerra’ comercial que batallan las eléctricas para captar clientes. Endesa ha sido la última de las grandes compañía en lanzar una campaña comercial, dirigida a clientes doméstico con la que ofrece un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre si se contrata alguna de sus tarifas en el mercado libre. Según reconoce la propia Comisión en un comunicado, «esta propuesta permitirá a los consumidores y a los proveedores beneficiarse de una mayor estabilidad de precios basada en tecnologías de energías renovables y no fósiles».

«Fundamentalmente, ofrecerá a los consumidores una amplia gama de contratos y una información más clara antes de firmarlos, para que tengan la opción de fijar precios seguros y a largo plazo, y eviten así los riesgos excesivos y la volatilidad. Al mismo tiempo, podrán seguir optando a contratos con fijación dinámica de precios para aprovechar la variabilidad de los precios y utilizar la electricidad cuando esta sea más barata (por ejemplo, para cargar coches eléctricos o utilizar bombas de calor)», subraya Bruselas, haciendo también hincapié en una mayor transparencia por parte de las compañías energéticas. En nuestro país, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha anunciado nuevas medidas a Iberdrola, Endesa, Naturgy y Holaluz para evitar que los consumidores eléctricos se vean afectados por cambios erróneos de comercializador.

Las eléctricas tendrán que mostrar al cliente durante el proceso de contratación, «de forma clara y separada», la información del titular, la dirección del punto de suministro y el Código de Suministro (o CUPS), entre otras prácticas. Con esta decisión, que es vinculante desde el punto de vista jurídico, también están obligadas a solicitar la confirmación de esos datos en soporte duradero, si detectan discrepancias en la información. Además, la CNMC instruye para que se compruebe y descarte que exista un cruce de CUPS ante una solicitud de corte de suministro. También deberán contactar con el consumidor solicitante y tendrán que acreditar ante el regulador estos contactos en caso de ser necesario.

En la misma línea, el Gobierno, que coincide con Bruselas en otorgar un «mayor empoderamiento» al consumidor, quiere aprobar un Real Decreto en el que se regulen las condiciones de suministro y contratación de energía eléctrica. El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado ya la consulta pública previa a la elaboración del texto y, según la cartera que dirige Teresa Ribera, «la experiencia obtenida a lo largo de estos últimos años ha permitido detectar una serie de elementos normativos en materia de protección del consumidor de energía eléctrica que es necesario abordar». 

Con arreglo a la propuesta, también se están renovando las normas sobre el intercambio de energías renovables. Los consumidores podrán invertir en parques eólicos o solares y vender el exceso de electricidad solar de sus tejados a sus vecinos, y no solo a su proveedor (una asignatura pendiente en España). Por ejemplo, los arrendatarios podrán compartir el excedente de energía solar de su tejado con un vecino. La reforma propuesta, que también se centra en reforzar los contratos a plazo como ya ha publicado este medio, prevé la revisión de varios actos legislativos de la UE, en particular el Reglamento sobre la electricidad, la Directiva sobre la electricidad y el Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (REMIT). El objetivo de Bruselas es que se apruebe antes de que comience 2024 con el objetivo de cubrir las espalda si el próximo invierno continúan los precios disparados.

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