Bruselas quiere obligar a los fabricantes a reparar electrodomésticos hasta 10 años después de la compra
Cada año se generan en la Unión Europea 35 millones de toneladas de residuos y 261 millones de toneladas de emisiones de gases con efecto invernadero por productos que a menudo son viables y pueden repararse pero que finalmente se desechan y terminan prematuramente en la basura con unas pérdidas para los consumidores estimadas en 12.000 millones de euros al año. La Comisión Europea quiere terminar con esta práctica y potenciar el “derecho a reparar” por encima del “derecho a la sustitución”. Según una propuesta legislativa adoptada este miércoles, los fabricantes de televisiones, electrodomésticos y otros aparatos tendrán que garantizar a sus clientes la reparación entre 5 y 10 años después de la compra del producto.
Bruselas es consciente de que una vez expirado el plazo legal de la garantía de un producto, de dos años, muchos consumidores optan por sustituirlo debido a las dificultades para acceder a un servicio de reparación adecuado a un precio aceptable. Una práctica de sustitución que es también habitual en el caso de los productos defectuosos que se estropean dentro del plazo cubierto por la garantía legal. Para fomentar un consumo sostenible, la Comisión quiere normas más estrictas.
En el caso de las reparaciones dentro de la garantía, la directiva sobre venta de bienes ya establece que, durante un periodo de dos años, el consumidor puede pedir al vendedor que repare o sustituya gratuitamente un bien en caso de defectos debidos a la falta de conformidad del producto. Con la nueva propuesta, cuando la reparación sea más barata o igual en coste, los vendedores tendrán que ofrecer en su lugar la reparación gratuita como solución, en un plazo razonable y sin molestias para el consumidor.
Una vez superado el plazo de dos años de la garantía legal, los consumidores podrán reclamar a los fabricantes la reparación de los productos entre 5 y 10 años después de su compra (según el tipo de producto), a menos que sea imposible (por ejemplo, si los productos sufren daños cuya reparación es técnicamente imposible) aunque la reparación no será gratuita. Según Bruselas, la normativa ayudará a los consumidores a encontrar servicios de reparación adecuados y tendrán derecho a solicitar al taller de reparación que les facilite el formulario europeo de información sobre reparaciones en relación con el precio y las condiciones clave de la reparación que deberán ser válidas durante 30 días.
Productos cubiertos
La obligación de garantizar el derecho a reparar cubrirá en un principio a lavadoras, secadoras, lavavajillas domésticos, aparatos de refrigeración, pantallas electrónicas, equipos de soldadura, aspiradoras y servidores y almacenamiento de datos. Aunque próximamente también se sumarán a la lista los teléfonos móviles, los teléfonos inalámbricos y las tabletas. Los beneficios, según Bruselas, serán enormes para los consumidores, el medio ambiente y la economía. En el caso de los consumidores la propuesta hará más atractiva la reparación, facilitará la comparación de los servicios de reparación y creará el derecho a solicitar a los productores la reparación de determinados bienes más allá de la garantía legal a cambio de una tarifa, independientemente de la naturaleza del defecto.
La medida también tendrá un impacto positivo en el medioambiente porque menos productos desechados significa menos residuos, menos materiales necesarios para producir nuevos bienes y menos emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso de producción y venta. Es decir, según Bruselas, se podrán ahorrar 18,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, 1,8 millones de toneladas de recursos y 3 millones de toneladas de residuos en 15 años. Una repercusión que también se trasladará a la economía. La Comisión Europea calcula que los vendedores y productores ahorrarán unos 15.600 millones de euros en los próximos 15 años al reparar los productos en lugar de sustituirlos gratuitamente con la garantía legal. Además, los consumidores ahorrarán 176.500 millones de euros en el mismo período.
