Competencia investiga las dificultades para cambiar a la tarifa regulada del gas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente informativo en torno a las dificultades y los retrasos que están encontrando los consumidores españoles para cambiar sus contratos de gas desde el mercado libre a la tarifa regulada (denominada TUR).
Así lo ha indicado este martes la secretaria de Estado de Energía, Sara Aegesen, durante una entrevista en RNE, en la que ha explicado que estas peticiones de cambio hacia la TUR, que las energéticas están obligadas a atender sin aplicar ningún tipo de penalización, se ha disparado en las últimas semanas, coincidiendo con la cercanía del encendido de las calefacciones y provocando que los canales de atención al cliente no hayan podido atender a toda la demanda.
Lo que está haciendo Competencia es solicitando información a las comercializadoras de referencia «para analizar cómo están atendiendo las solicitudes del cambio de tarifa», que se han multiplicado en las últimas semanas. Es decir, el organismo trata de verificar si la empresa está reforzando los canales de atención al cliente o los tiempos de espera, por ejemplo. Los sistemas de algunas de estas empresas se han colapsado durante alguna semana, lo que ha obligado a agilizarlos para atender todas las peticiones de sus clientes.
La complejidad del mercado energético ha llegado a confundir a miles de usuarios a la hora de contratar el gas o la luz con una compañía. Existen dos mercados: el libre, con decenas de ofertas; y el regulado, que ofrecen las cuatro compañías comercializadoras de referencia de gas: Comercializadora Regulada Gas Power (Naturgy), la que tiene mayor número de clientes en esta modalidad; Curenergía (Iberdrola), Energía XXI (Endesa) y Baser (Total). El problema para muchos hogares es que esas mismas empresas ofrecen también tarifas libres, aunque con otras denominaciones empresariales, aun dependiendo del mismo grupo energético, lo que conlleva a la confusión.
En total, la tarifa TUR -que implica un beneficio más exiguo para la comercializadora, al estar regulada- mantenía una cuota de mercado del 19%, según los últimos datos disponibles de Competencia, con un total de 1,5 millones de clientes.
Desde noviembre del año pasado, las subidas de la TUR se encuentran limitadas en el entorno del 5% en cada revisión trimestral, a pesar de que la subida del precio del gas habría provocado en realidad un incremento de esa tarifa de hasta el 30%, en alguno de los peores momentos de la crisis energética y de precios.
El Ejecutivo ha acordado ahora prorrogar ese tope a la tarifa regulada del gas y, al mismo tiempo, habilitó una nueva modalidad (la TUR 4) a la que pueden acogerse las comunidades de vecinos con caldera comunitaria, un colectivo que no podía contratarla al tener un consumo elevado de gas.
Con este telón de fondo, Competencia ha reforzado en los últimos tiempos la vigilancia de los gigantes energéticos ante posibles malas prácticas con los consumidores. La pasada semana, el organismo comandado por Cani Fernández informó de una multa de 9,2 millones de euros a varias comercializadoras del Grupo Audax por conductas de falseamiento y engaño para propiciar que los clientes que tenían sus contratos con comercializadoras rivales pasaran a formar parte de su cartera de electricidad y gas, desde enero de 2018 hasta octubre de 2021.
