El secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, ha anunciado este jueves que se va a introducir en la ley una definición de «consumidor vulnerable» que suponga un «paraguas legislativo» para proteger especialmente a estas personas, que se encuentran en esta situación de indefensión.

Estas consideraciones las ha realizado Escudero en la comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, donde ha ido desglosando las distintas partidas que se contemplan en las cuentas de su Ministerio, al que se destinará un total de más de 41 millones de euros.

«La pandemia ha puesto de manifiesto muchas costuras de nuestro sistema jurídico, y una de ellas es que en la Ley General de Protección de los Consumidores y Usuarios no existe una definición de una persona consumidora vulnerable», ha señalado el secretario.

Por eso, se va intentar cubrir esta laguna para que se pueda proteger a estas personas, ha dicho Escudero, para cuya secretaria, que coordina la Dirección General de Consumo, la de Ordenación del Juego y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, se adjudican 11,3 millones, de los que el 92 % se componen de transferencias corrientes a este último organismo.

La filosofía y el diseño de los presupuestos destinados al Ministerio de Consumo están enfocados a paliar los efectos que la pandemia ha producido en la sociedad y «a las enseñanzas que podemos extraer de ella», según el secretario, que ha incidido en que el estado de alarma ha motivado la necesidad de reforzar los instrumentos jurídicos de protección a los derechos de los consumidores.

Pero además, según el secretario de Consumo y Juego, la sobreexposición de la población, especialmente de los más jóvenes, a la publicidad y el aumento de la cifra de nuevos jugadores en línea durante las primeras semanas del estado de alarma ha mostrado la necesidad de regular la publicidad del juego, y de impulsar las políticas de juego responsable y seguro, de ahí que se apruebe próximamente otro real decreto para desarrollar políticas de información a los usuarios.

Además, para proteger el impacto negativo que pueda producir en los más vulnerables, se destinará un 25 % de las tasas que pagan los operadores por la gestión administrativa del juego a políticas de prevención e intervención.

Ese porcentaje en 2020 se prevé que se traduzca en 4,5 millones, lo que supondrá «una inyección económica importante para desarrollar políticas de lucha contra el fraude y de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad».

La pandemia, además, según el secretario de Consumo y Juego, ha mostrado la fortaleza de nuestro sistema de seguridad alimentaria, y ha valorado el comportamiento que todos los actores de la cadena alimentaria han tenido durante periodo de crisis sanitaria.

Parte del presupuesto de Consumo, 475.000 euros, irá destinado tres campañas de comunicación: campaña contra la malnutrición infantil (125.000), otra de apoyo al consumo responsable (125.000)y una tercera para la prevención de hábitos de consumo que reproduzcan estereotipos sexuales (225.000).

Escudero ha llamado la atención sobre la obesidad infantil -cuatro de cada diez niños la padecen-, y ha urgido a adoptar medidas, algo que harán la Aesan y la Dirección General de Consumo, aunque ya se ha decidido subir el IVA a las bebidas azucaradas para reducir su consumo.

Dos proyectos en los que también está trabajando el Ministerio en un decreto que establezca una guía de desperdicio alimentario para reducir el alto número que tiene nuestra sociedad.