Cuidado con los intereses abusivos si pagas con tarjetas de las gasolineras

El precio de la gasolina y el diésel están alcanzando precios históricos debido a la inestabilidad generada por la guerra de Ucrania. El precio medio de la gasolina es un 29,9% más cara que en la misma semana de 2021, lo que se traduce en pagar 21,2 euros más por llenar el depósito. En el caso del gasóleo, el precio ha subido un 34,8% en el último año, lo que en dinero significa pagar 22,4 euros más por repostar 55 litros.

Ante esta realidad, cada vez es más complicado hacer frente al gasto de llenar el depósito, lo que podría llevar a los clientes a utilizar las tarjetas ofrecidas por las propias gasolineras para hacer frente al pago.

Lo que los usuarios desconocen es que, en muchos casos, estas tarjetas son las llamadas tarjetas revolving y esconden intereses usurarios que las empresas de carburantes no comunican con transparencia, lo que puede dar lugar a contraer grandes deudas muy difíciles de saldar.

Muchas empresas de carburantes como Repsol, Cepsa o BP comercializan sus propias tarjetas de la mano de entidades como Wizink, Bankinter, Caixabank, BBVA o Santander con las que prometen premiar la fidelidad de los clientes con descuentos.

Sin embargo, no son una simple opción con la que pagar y obtener descuentos cada vez que repostamos sino que, en muchas ocasiones, cuando se realiza un pago sin tener fondos disponibles este se aplaza de manera automática con sus correspondientes intereses, de más del 20% TAE.

Con esta modalidad de revolving la compra quedaría aplazada y las cuotas se centrarían en el pago de intereses reduciendo al mínimo la parte de amortización del crédito, lo que provoca que la deuda se alargue con el tiempo.

Esta problemática es aún mayor dado el hecho de que la mayoría de las veces los clientes que hacen uso de estas tarjetas no son conscientes de haber aplazado un pago, ni de las condiciones reales de la misma.

La comercialización de estas tarjetas se suele dar en los propios puntos de repostaje, por lo que la contratación es poco clara y transparente y las condiciones de contratación no se explican de forma adecuada. Solo se mencionan los beneficios y no las obligaciones que se contraen.