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EE UU y la UE se lanzan a tratar de rebajar el poder de las tecnológicas

En una ofensiva generalizada contra Facebook, en la que resulta más sencillo nombrar a los ausentes —Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Dakota del Sur—, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, en sus siglas inglesas; el organismo regulador) y 46 Estados, el distrito de Columbia (al que pertenece Washington) y Guam, la isla estadounidense de la Micronesia, han denunciado esta semana a la compañía de Marck Zuckerberg por abusar de su predominio de mercado y por zamparse, como pez grande, a los peces chicos para evitar cualquier atisbo de competencia. La adquisición de dos rivales emergentes, Instagram, una red social para compartir fotografías, y el popular servicio de mensajería WhatsApp, patentó además una práctica abusiva que no se ha limitado a estas absorciones, realizadas en 2012 y 2014 por mil millones de dólares y 19.000 millones, respectivamente.

El mes pasado, uno antes de que se anunciara el resultado de la investigación federal y estatal, la compañía con sede en Palo Alto comunicó la compra de Kustomer, una start-up de servicios al consumidor, valorada en mil millones de dólares (825 millones de euros al cambio actual) por The Wall Street Journal. En mayo, se hizo con Giphy, una web para hacer y compartir imágenes animadas (GIF), en una operación que atrajo la atención del regulador de la competencia británico. En 2008, Twitter rechazó la oferta de compra de Facebook, que también lo intentó con Snapchat.

Que las grandes tecnológicas están en el punto de mira por prácticas monopolísticas o actuaciones más viscosas, como la laxa protección de la privacidad de los usuarios o, incluso, el tráfico de datos (el caso Cambridge Analytica de Facebook es el episodio paradigmático), no es una novedad. El creciente escrutinio ha puesto en el disparadero en EE UU a las Big Five (Amazon, Apple, Google, Facebook y Microsoft), que, desde hace meses, se ven obligadas a nadar y guardar la ropa, como demuestra su pulcritud y celo a la hora de restringir la publicidad política en vísperas de las elecciones del 3 de noviembre o de filtrar con más empeño el ingente caudal de desinformación que ha colonizado las redes sociales.

Después de la demanda federal y estatal presentada el miércoles, tras una investigación que se prolongó durante 18 meses, Facebook se convierte en la segunda gran tecnológica que es objeto de una actuación judicial, tras la condena a Google por parte del Departamento de Justicia, en octubre, por abusar de su posición en los buscadores y la publicidad en Internet. El raro consenso político, en un país polarizado tras el mandato de Donald Trump, es otra de las derivadas reseñables de esta ofensiva que, incluso, ha puesto contra las cuerdas del Capitolio a sus responsables, en audiencias sobre su sesgo político y la permeabilidad a las noticias falsas de las redes que dirigen.

Según reza el escrito de acusación hecho público este miércoles, Facebook, cuyo valor de mercado se estima en más de 800.000 millones de dólares (680.000 millones de euros), decidió comprar Instagram para aprovechar el cambio de preferencias a la hora de compartir fotos y el auge de los smartphones, en lugar de competir en buena lid. Asimismo, en 2014 la empresa acordó adquirir WhatsApp para levantar una barrera disuasoria, ya que cualquier otra aplicación tendría difícil alcanzar la dimensión que había logrado el servicio de mensajería. Asimismo, el organismo regulador del Comercio y los fiscales acusan a la red social de Zuckerberg de prácticas anticompetitivas al haber limitado el acceso a su interfaz de programación a aquellos desarrolladores y empresas que se comprometieran a no crear funcionalidades capaces de competir con el gigante tecnológico. Aunque la batalla legal se plantea ardua, y es dudoso que pueda deshacerse la compra de Instagram y WhatsApp, el precedente inquieta a los epígonos de Silicon Valley.

Al otro lado del Atlántico, Bruselas lanza esta semana su propuesta para la Ley de Servicios Digitales, que debe reemplazar a la antigua normativa de comercio electrónico, aprobada en 2000. La norma, que se discutirá y aprobará el martes, también prevé la posibilidad de obligar a dividir o vender unidades, según fuentes comunitarias. La Comisión ve con recelos cómo los gigantes no han hecho sino crecer, aún más con la pandemia, impidiendo la irrupción de nuevos competidores en Europa.

Según las fuentes consultadas, el borrador que se está discutiendo contiene un régimen sancionador. Este tiene una graduación: se plantean multas millonarias de hasta el 6% de la facturación; la interrupción del servicio y, en última instancia, el desmantelamiento de la empresa en la UE si han incurrido en un abuso de posición demasiado grave, esto es, si impiden que los usuarios puedan salir o usar otra plataforma.

Los grandes grupos están en guardia. Le Point publicó que gigantes como Google tenía la consigna de ejercer la máxima presión sobre el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton. En juego está el dominio de mercado que ejercen los llamados GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple), cada vez más necesarios al combinar datos, de modo que pueden lanzar nuevos servicios. Esa es la espiral que ahora Bruselas se propone romper.

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