Han pasado más de 20 años desde que se aprobó la ley 54/1997 que liberalizó el sector eléctrico. La norma, impulsada desde la Unión Europea (UE), tenía como objetivos disminuir los costes de energía eléctrica para todos los usuarios al aumentar la competencia, asegurar el suministro y potenciar las energías renovables. Dos décadas después, hay mucha tarea pendiente. La energía eléctrica sigue siendo cara y dos de cada tres hogares ignoran con quién tiene contratado el suministro. Según el último estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) «una amplia mayoría de los hogares españoles todavía no saben en qué mercado tienen contratado su suministro de luz (63%)».
Aunque el nivel de información mejora, lo hace muy lentamente. El Panel de Hogares que elabora la CNMC indica que el conocimiento respecto a contratar las tarifas eléctricas en el mercado regulado -el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)- o el mercado liberalizado ha mejorado en más de tres puntos porcentuales en un año. Pero el nivel de información todavía es muy bajo. En concreto, apenas algo más del 25% sabe que pueden contratar su suministro eléctrico a un precio regulado o a un precio liberalizado y pactado con las empresas comercializadoras. En el caso del gas, el porcentaje de conocimiento es todavía menor, del 18%.
El desconocimiento real de una gran parte de los clientes sobre los términos del contrato de suministro va en paralelo con un aumento de los cambios de comercializador. Desde 2018, las ventas por comercialización vía teléfono han crecido en un 35,7% en el caso de la electricidad y un 47,8% en el del gas natural. Pero el grado de detalle sobre lo que se paga y lo que se recibe no mejora. Casi un 22% de los hogares desconocen la potencia incluida en su contrato de energía eléctrica. Es un dato revelador porque la potencia es parte esencial de los costes fijos del recibo y, por tanto, de la factura final.
El hecho de que más de 20 años después no haya calado en la sociedad la importancia de entender cómo y con quién se contrata facilita el fraude. En los años 2028 y 2019, y a pesar de ser una práctica prohibida desde hace dos años por decreto, un 10% de los cambios de suministrador se registraron por la visita puerta a puerta de comerciales de las empresas. La Ley Eléctrica del año 2013 obliga a separar de forma clara entre las comercializadoras de referencia, que tienen obligación de suministrar a los consumidores la tarifa regulada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), de las comercializadoras del mismo grupo que ofrecen la electricidad en el mercado libre. Pero la confusión ha sido total durante mucho tiempo.
Todavía hay un juego subterráneo que se traduce en perjuicios para el cliente. Según la CNMC, un 14% de los hogares que ha cambiado de oferta de gas natural o de electricidad no ha visto cumplidas las ventajas que se le ofrecieron. Y hasta un 8% de los que cambiaron de contrato detectaron en su factura costes adicionales que no tenían conocimiento de haber contratado. En la cuarta parte de los casos, las facturas de los hogares que contratan en el mercado libre de electricidad incluyen importes por servicios añadidos como un seguro de electricidad, de o electrodomésticos o servicios de mantenimiento eléctrico. En las facturas que incluyen estos servicios, el desembolso promedio es de cinco euros al mes.
En los años 2018 y 2019 la CNMC impuso un rosario de pequeñas multas a las compañías comercializadoras de gas y de electricidad, -hasta 10 para Endesa, Iberdrola y Naturgy-, por asuntos como cambiar de suministrador sin consentimiento de los usuarios o por recomendar a los clientes cambiar de tarifa de gas sin informarles de que la que proponen es más cara. En conjunto, ese rosario de sanciones apenas si alcanzó los dos millones de euros. En marzo des este año, Endesa recibió una multa de 300.000 euros por irregularidades en tres contratos.
El caso abierto más impactante en estos momentos afecta a la compañía Audax Renovables, sobre la que recaen denuncias de malas prácticas comercializadoras por parte de otras compañías. Audax tiene varios expedientes abiertos en la CNMC para determinar responsabilidades. En general, las compañías se defienden. Sostienen que las malas prácticas son casos aislados, cometidos además por empresas subcontratadas para realizar la labor de captación.
Las empresas añaden que llevan años adoptando medidas para prevenir las malas prácticas. Pero la desconfianza viene de atrás. Competencia aprobó en septiembre de 2018 una resolución que obliga a las empresas energéticas a diferenciar claramente ante el consumidor con qué parte de la compañía negocia: con la que vende electricidad a precio regulado o con la filial que opera en el mercado libre. Pese a todo, el nivel de información mejora muy poco a poco. La picaresca en el mercado ha disminuido, pero las irrgularidades no han desaparecido por completo.