En este momento, otro de los asuntos en los que la fiscalía está aunando esfuerzos en la defensa del consumidor en el comercio electrónico, un tipo de mercado que cada día adquiere más importancia y que mueve más transacciones. La convocatoria anticipada de elecciones para este julio ha dejado colgada una ley importante en este sector: la Ley de Servicios de Atención al Cliente. Una norma que servía para que, cada vez que se requiere la atención de una empresa, quien responda al teléfono sea obligatoriamente un trabajador -y no una máquina. «Hay que esperar a que se formen las cortes e intentar presentar de nuevo esa norma como proyecto de ley. No obtante, es una ley que se espera sea cambiante porque, con el tiempo, van a apareciendo nuevos abusos en materia de comercio electrónico», especifica a Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios.

Las reclamaciones en este sector están aumentando al ritmo que suben las compras online. En muchas ocasiones, el consumidor no recibe los productos que han comprado, o no cumplen con las expectativas. Al tratar de ejercer el derecho de desistimiento, nunca es atendido y nunca devuelven el dinero. Al intentar localizar a estas empresas, lo que acaba ocurriendo es que no existe, que son empresas ficticias. 

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este jueves que en los proyectos de ley que impulse el Gobierno sobre la defensa de los derechos de los consumidores y personas vulnerables, «el Ministerio Público tiene que ser protagonista, porque es la figura institucional y constitucional que mejor encarna la defensa de valores colectivos», porque «plasmados a través de otros prismas no tienen la respuesta que institucionalmente merecen los colectivos».