El Constitucional estudia el decreto que permite al Gobierno intervenir Internet
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat de Cataluña y el Parlament contra varios artículos del Real Decreto-ley del Gobierno de Pedro Sánchez para intervenir Internet por razones de orden público.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de octubre, diez días antes de las elecciones del 10 de noviembre, el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.
Una norma conocida por sus detractores como el ‘decretazo digital,’ cuyo objetivo es impedir que la Generalitat de Cataluña y cualquier otra entidad pública desarrolle una administración electrónica que quede fuera del control del Estado por alojarse en servidores fuera de la Unión Europea.
La Generalitat y el Parlament han acudido al tribunal de garantías al considerar que hay una «invasión clara de competencias», según explicó la portavoz del Govern, Meritxell Budó, en una rueda de prensa en la que anunció que se prevía presentar dicho recurso. Los recursos de ambas instituciones han impugnado varios artículos de dicho decreto, así como la disposición adicional única y por conexión las disposiciones transitorias primera y segunda y disposición final.
Una vez admitidos a trámites sendos recursos, el TC ha dado traslado de este asunto al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en este proceso y formular las alegaciones que consideren pertinentes.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, explicó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó este decreto que la medida busca, entre otras cosas, «proteger más todavía el Documento Nacional de Identidad como único y excluyente de cualquier otra identificación que pueda tener cualquier hombre o mujer de este país».
Asimismo, fuentes gubernamentales aseguraron que el real decreto mejorará notablemente la capacidad de reacción del Estado ante proyectos que atenten contra el interés general, como es Identicat, un sistema de identificación en desarrollo que busca que los catalanes puedan hacer trámites en Internet con la Administración.
También reforzaría los mecanismos de actuación ante una infracción como sería la cesión de datos de una Administración pública a entes privados. En cambio, las fuentes consultadas sostienen que no está pensado para actuar contra plataformas como Tsunami Democràtic, desde la que se coordinaron las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo por el ‘procés’.
El decreto afecta a siete Ministerios y a cuestiones relativas a la documentación nacional de identidad; la identificación electrónica ante las Administraciones públicas; a los datos que obran en poder de las mismas; a la contratación pública y al sector de las telecomunicaciones.
