El Gobierno plantea un cambio legal para que las empresas puedan eliminar reseñas falsas a sus productos
Los partidos del Gobierno, el PSOE y Sumar, han registrado una reforma legal en el Congreso con la que plantean que las empresas puedan solicitar la eliminación de una reseña a sus servicios o productos que pueda ser engañosa.
Los socios de Gobierno explican que esas reseñas se han convertido en un canal «muy importante» de interacción entre empresas y clientela en los últimos años. Por eso, mediante una enmienda al proyecto de ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, PSOE y Sumar buscan profundizar en la regulación de las valoraciones que hacen los clientes en restaurantes, hoteles o cualquier negocio.
Así, se plantea que la ley que se encuentra en tramitación parlamentaria establezca que cuando una o varias reseñas no sean formuladas por un consumidor o usuario que haya adquirido o utilizado efectivamente el bien o servicio al que se refiere o sea engañosa, el empresario esté facultado para solicitar la eliminación de esta, para lo que deberá acreditar, de forma fehaciente, que la reseña no ha sido publicada por un consumidor o usuario que haya comprado o utilizado el bien o servicio.
Además de habilitar a las empresas la posibilidad de eliminar esas reseñas, la enmienda recogida por Europa Press plantea que se informe de que el empresario deberá facilitar información clara a los consumidores y usuarios sobre la manera en que se procesan las reseñas.
En cualquier caso, las valoraciones emitidas deberán referirse a productos o servicios adquiridos o utilizados en los treinta días naturales anteriores a la fecha de la reseña y el empresario, además de poder solicitar que se elimine si es falsa, estará facultado para responder a la misma a través del mismo canal.
En esa misma enmienda, PSOE y Sumar quieren que se informe bien del precio final competo del bien o servicio en caso de que no pueda fijarse con exactitud el precio en la oferta comercial. De este modo, plantean que se informe sobre la base de cálculo que permita al consumidor o usuario comprobar el precio.
Igualmente, cuando los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario no puedan ser calculados de antemano por razones objetivas, debe informarse del hecho de que existen dichos gastos adicionales y, si se conoce, su importe estimado.
La reforma de los socios de Gobierno propone que en los contratos celebrados a distancia o fuera del establecimiento comercial, el comerciante facilite de forma «clara y comprensible» información sobre el precio cuando este haya sido personalizado sobre la base de una toma de decisiones automatizada. Esta personalización no podrá derivar en incrementos del precio final de venta cuando se produzca un incremento de la demanda en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de la persona consumidora.
