El Gobierno prohibirá cortar el suministro eléctrico a aquellos consumidores vulnerables aunque no sean beneficiarios del bono social, según ha avanzado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Puedo confirmar que la vicepresidenta Ribera pretende trasladar dentro de alguna de las leyes en trámite una disposición adicional en la que garantiza que ningún consumidor vulnerable va a tener ningún problema con el coste del suministro», ha indicado Montero. «Una disposición de garantía de suministro de energía eléctrica a consumidores vulnerables que serán todos aquellos reconocidos como tales por los servicios sociales incluidos aquellas personas que no sean beneficiarias del bono social», ha explicado Montero.
Según la disposición, se prevé establecer esta prohibición durante un plazo de cuatro meses tras su entrada vigor. Un plazo en el que además esta medida «no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente». El motivo de ampliar la prohibición a otros consumidores eléctricos que no sean beneficiarios del bono social es incluir a aquellos usuarios vulnerables, según los servicios sociales, pero que no son propietarios por lo que no tienen acceso a esta garantía, según fuentes de Transición Ecológica. Además, el plazo de cuatro meses se establece para dar tiempo a este departamento a desarrollar otras garantías como la estrategia de pobreza energética.
