El recibo de la luz registró en abril la mayor subida de la historia, un 46%
El recibo de la luz registró en abril la mayor subida de la historia, un 46,4% para el usuario estándar. Los datos apuntan a que la factura ha aumentado, de media, en 26 euros con respecto a abril del año pasado. A su vez, la subida en el precio de la electricidad ha sido el factor clave en el repunte de la inflación registrado en el cuarto mes del año, el mayor desde octubre de 2018.
El análisis sobre la evolución de la tarifa semirregulada (PVPC) indica que con el precio medio del kilovatio hora (kWh) de este mes de abril, la factura del usuario medio ascenderá a 81,55 euros, frente a los 55,71 euros del mismo mes de 2020. El coste del kWh ha experimentado un incremento del 70,7%, al pasar de los 9,98 céntimos —impuestos indirectos incluidos— de abril del año pasado a 17,04 euros en los últimos 30 días.
El efecto comparación (base, en la jerga económica) es especialmente importante en este fuerte aumento interanual: en el análisis publicado este viernes, Facua recuerda que en abril de 2020 —en pleno confinamiento— el kWh tuvo el precio más bajo en 16 años (durante todo 2004 se fijó en 9,95 céntimos). Pero el elevado precio del kWh este abril ha sido consecuencia, fundamentalmente, de los máximos históricos que ha alcanzado el precio del CO₂ en Europa, que sigue siendo determinante para la configuración de las tarifas en el mercado mayorista español.
Pese a la elevada subida, se aconseja a los usuarios que “no caigan en la trampa” de contratar tarifas del mercado libre y mantengan o se den de alta en el semirregulado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que ofertan las comercializadoras de referencia impuestas por el Gobierno. Los estudios realizados año tras año ponen de manifiesto que el PVPC es la tarifa “más competitiva” y solo está por encima de algunas ofertas del mercado libre en determinados meses.
Lamentamos, además, que el Ejecutivo no acelere el cumplimiento de los compromisos programáticos adoptados por el PSOE y Unidas Podemos al inicio de la legislatura en materia de política energética. Entre ellos se incluyeron la bajada del precio del término de potencia, la aplicación de un precio más bajo para los primeros kWh consumidos y la eliminación de la elevada retribución que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han “recuperado sobradamente sus costes de inversión”.
También reclamamos una bajada sustancial de los impuestos indirectos que se aplican a la factura eléctrica de las familias, que superan el 27 %, al sumarse el IVA general del 21% con el impuesto especial sobre la electricidad. Asimismo, abogamos por una reforma del bono social para que muchos más consumidores puedan acceder a él y aumente el descuento que representa sobre la tarifa semirregulada PVPC.
