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La agenda climática de la UE también disparará los derechos de emisión del transporte marítimo

La agenda climática de la UE también disparará los derechos de emisión del transporte marítimo

Los buques de carga que surcan los mares portan el 80% de los bienes intercambiados a nivel internacional. Bruselas considera que su operativa en Europa debe estar gravada con el pago de derechos de emisiones de carbono, de modo que las compañías del sector están a escasos meses de entrar en el mecanismo comunitario que regula dicha cuestión.

Para ser precisos, la industria del transporte marítimo entrará en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones en enero de 2024. Según informa Bloomberg, esta decisión puede imponer «cientos de millones de dólares» a las empresas del sector, entre las que destacan gigantes como MSC, Maersk o DNV.

Expertos del sector como Tore Longeva alertan de que esta decisión tendrá un impacto sustancial en los costes de envío, cebando de esta forma los precios finales de los productos. De esta forma, se está cebando un aumento estructural de los precios del transporte, con todo lo que ello supone en medio de una crisis inflacionista.

Así funcionará el nuevo sistema

La información facilitada por Bloomberg plantea el ejemplo de un barco carguero que completa de forma rutinaria una ruta entre la UE y Asia, generando 40.000 toneladas de CO2 para transportar 5.000 contenedores. La mitad de los desplazamientos entrarían en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones, quedando exentos los viajes que tienen lugar más allá de los mares europeos.

El supuesto planteado acarrea, pues, la negociación de derechos por valor de 20.000 toneladas de CO2, cifra a la que se sumarían 2.500 toneladas por los desplazamientos entre los distintos puertos europeos. A esta cifra se le aplicará un descuento inicial del 40%, si bien esta medida de gracia se reducirá al 30% en 2025 y expirará por completo en 2026.

Pues bien, el impuesto «verde» que enfrentaría el carguero como resultado de este nuevo sistema sería de unos 90 dólares por tonelada, lo que se traduciría en un gravamen de 810.000 euros a lo largo del ejercicio, a razón de unos 160 euros por contenedor en 2024. Esta cifra seguiría creciendo hasta situarse en el entorno de los 205 euros por contenedor a partir de 2026, cuando no aplique descuento alguno.

Otra fórmula que encarecerá el precio

Este no es el único coste adicional que Bruselas va a imponer al sector. En 2025 está prevista la entrada en vigor de FuelEU Maritime, una iniciativa de la Comisión Europea que limita la intensidad energética de los barcos y obliga a asumir el uso de combustibles menos contaminantes. Ante esta circunstancia, compañías como la danesa Maersk están invirtiendo en el desarrollo de C2X, un spin off con el que la firma pretende desarrollar sus propios proyectos de biocombustible.

El sector considera factible alcanzar el objetivo «cero emisiones» en torno a 2040 o 2050, pero también alerta de las consecuencias adversas que puede tener la avalancha de nuevas regulaciones. Al fin y al cabo, el transporte marítimo lleva muchos años reduciendo sus emisiones, pero la suma de nuevos costes fiscales y regulatorios reduce el margen de las empresas para seguir invirtiendo en eficiencia e innovación, lo que en última instancia complica el objetivo final de llegar a un paradigma menos contaminante.

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