La banca acelera para llevar a los municipios de más de 500 habitantes los cajeros de marca blanca

La banca trabaja contra reloj para habilitar servicios financieros presenciales en los municipios de más de 500 habitantes que todavía no lo tienen. El sector solo cuenta con cuatro meses por delante para cumplir los plazos acordados dentro del compromiso para la inclusión financiera en las zonas rurales. Cuando se pactó, se contabilizaron 243 pueblos con estas características que deberían contar con algún punto de acceso físico.

De ese número, los bancos ya han solventado el problema en 79 municipios (el 32,5% del objetivo) en el último trimestre de 2022. El compromiso es que para el cierre de octubre de este año estén solventados los 164 casos restantes. De hecho, en las próximas fechas las patronales bancarias actualizarán el progreso anotado entre enero y marzo de este año, aunque según diversas fuentes financieras, el avance no será tan notable. “No se ha mantenido el mismo ritmo de los tres primeros meses”, asegura una de estas fuentes.

Existen varios motivos que explican este frenazo. Por un lado, en la primera hornada entraron muchos municipios que tenían claro que querían atraer cuanto antes algún servicio bancario. Es decir, ahora toca la entrada de aquellos que no estaban tan organizados para realizar esta labor. Y, por otro lado, también han influido las elecciones municipales: “Se exige mucha colaboración público-privada con Ayuntamientos y Diputaciones, pero en estos meses han podido estar centrados en otras cuestiones”, añade otra fuente.

Las trabas para impulsar los proyectos se alargan en el tiempo. Por ejemplo, en los próximos meses puede haber retrasos por las vacaciones de verano, así como la nueva convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio. Pese a ello, fuentes conocedoras de los trabajos inciden en que siguen llegando licitaciones y se cumplirán los plazos para la implantación de estos servicios.

El compromiso de las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc, con la colaboración del Ministerio de Economía, se alcanzó en octubre del año pasado para dotar de servicios financieros presenciales a los 243 municipios españoles de más de 500 habitantes en los que no existía ningún punto de acceso físico. En ese momento se dieron un año de margen (seis meses ampliable por otros seis).

Para ello se diseñó un abanico con distintas soluciones, por ejemplo la instalación de cajeros automáticos (de las propias entidades, de terceros o incluso los de marca blanca que se lanzarán en breve), oficinas, servicios de banca a través de correos, agentes financieros u oficinas móviles (ofibuses). “El problema de accesibilidad a los servicios bancarios está muy acotado, ya que el 99,1% de la población tiene un punto de acceso a menos de cinco kilómetros de distancia y el 99,5% a menos de diez minutos”, señalaban entonces las patronales en un comunicado. De todas formas, estas soluciones limitan la operativa y en el caso de los cajeros, el colectivo de mayores puede encontrar dificultad para su uso.

Según los datos a cierre del año pasado, se solventó este problema en 79 de los municipios, lo que supone dar acceso a unas 211.000 personas a servicios financieros. En concreto, en uno de los pueblos se abrió una oficina; en 15 de ellos se habilitó un servicio de oficinas móviles a través de autobuses; en otros 22 se ofrecen servicios básicos en las oficinas de Correos, y en 41 de los municipios se instaló un cajero automático. Es decir, en algo más de la mitad la alternativa escogida ha sido la llegada de un cajero. Le sigue como opciones preferentes el uso de oficinas de Correos y ofibuses.

En 2020, Correos alcanzó un acuerdo con el Santander para ingresar y retirar efectivo a través de los 4.675 puntos de atención al ciudadano del organismo público. Una vez finalizado el periodo de exclusividad, otras entidades se adhirieron a esta iniciativa como CaixaBank, Unicaja, EVO, Ibercaja y Triodos Bank, entre otros.