El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves de forma definitiva la normativa europea sobre criptoactivos, que requerirá que cualquier empresa que ofrezca servicios relacionados con las criptomonedas en la UE se registre en uno de los Estados miembro, lo que le permitirá operar en todo el bloque. Una ley que llega tras varias quiebras de firmas de criptoactivos, encabezadas por el colapso, del pasado noviembre, de FTX.

Con 517 votos a favor, 38 en contra y 18 abstenciones, la Eurocámara dio así su visto bueno a la norma común sobre supervisión, protección al consumidor y salvaguardas medioambientales para criptoactivos. La conocida como normativa MiCA, por sus siglas en inglés, alberga también garantías contra la manipulación del mercado y los delitos financieros.

La norma, que entrará en vigor en julio de 2023, se aplicará a los criptoactivos no regulados por la legislación actual de servicios financieros. La idea es fomentar la transparencia, la publicación de información, la autorización y la supervisión de las transacciones con criptodivisas. Así es que el texto incluye medidas contra la manipulación del mercado, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo entre otras actividades delictivas.

De hecho, para luchar contra el blanqueo de capitales, la Autoridad Europea de Valores y Mercados deberá crear un registro público de proveedores de servicios de criptoactivos que incumplan la normativa y operen en la UE sin autorización. Para garantizar que las plataformas de criptomonedas cumplan las normas, la Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad Europea de Valores y Mercados harán un seguimiento de los procesos de gestión de riesgos y gobernanza para evitar otro colapso como el del FTX.

En este sentido, la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuiness, ha señalado que la Comisión «tiene que analizar la factibilidad y necesidad de regular estas actividades en los 18 meses tras la entrada en vigor de MiCA y empezará el trabajo ahora».

Además, la legislación también mejora la protección e información al consumidor sobre los riesgos, costes y gastos de sus operaciones y refuerza la integridad del mercado y la estabilidad financiera a través de la regulación de las ofertas públicas de criptoactivos. Y de cara a reducir la elevada huella de carbono de las criptodivisas, los proveedores de servicios deberán hacer público su consumo energético.

Como parte de la votación, el pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde también al reglamento de transferencia de fondos, la primera regulación europea de criptodivisas que trata de equiparar el trato de las transferencias de criptoactivos a las de otras operaciones financieras ordinarias, de tal manera se identifique al emisor y el beneficiario y que puedan ser rastreadas e incluso bloqueadas en caso de levantar sospechas.

Se le ha llamado la ‘regla del viaje’, una fórmula que ya se aplica en las finanzas tradicionales, y que permitirá detectar la información de origen del activo y su beneficiario, evidenciando la trazabilidad de la transferencia. La medida tiene como objetivo minar la capacidad del sector para dotar de anonimato a los usuarios, obligando a las bolsas a facilitar información sobre remitentes y destinatarios de cada transacción a las autoridades.

Con 529 votos a favor, 29 en contra y 14 abstenciones, tras el acuerdo provisional alcanzado en la Eurocámara el pasado junio, la norma presta especial atención a las transacciones superiores a 1.000 euros desde las denominadas como carteras alojadas, es decir, una dirección monedero de criptoactivos de un usuario privado. Así, se registrará la transacción cuando interactúe con otras carteras alojadas administradas por proveedores de servicios de criptoactivos.

Sin embargo, la nueva ley no se aplicará a las transferencias entre personas que se efectúen sin la intermediación de un proveedor o a las que actúen en su propio nombre.