La nueva directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y los estados miembro dispondrán de 2 años para transponerla a sus leyes nacionales.
El Parlamento Europeo ha aprobado una nueva normativa que permitirá a las organizaciones de consumidores emprender demandas ante los tribunales en la Unión Europea (UE), en lugar de las firmas de abogados, como hasta el momento, para garantizar la protección de los consumidores y evitar juicios abusivos.
Esta normativa establece un modelo armonizado por el cual los Estados miembro deben implementar al menos un mecanismo procesal efectivo que permita a entidades como organizaciones de consumidores u organismos públicos, presentar demandas ante los tribunales para pedir una orden judicial (de cese o de prohibición) o una reparación (de compensación).
De este modo, la nueva legislación tiene como objetivo «mejorar el funcionamiento del mercado interior, poniendo fin a las prácticas ilegales y facilitando el acceso a la justicia de los consumidores», ha explicado la Eurocámara en un comunicado.
«Con esta nueva directiva, encontramos un equilibrio entre una mayor protección del consumidor y brindar a las empresas la seguridad jurídica que necesitan», ha señalado el eurodiputado ponente del informe, Geoffroy Didier.
En esta línea, se pueden emprender acciones colectivas contra los operadores comerciales que presuntamente han violado la legislación de la UE en áreas como la protección de datos, los viajes y el turismo, los servicios financieros, la energía y las telecomunicaciones.
Por su parte, para que las entidades puedan entablar acciones transfronterizas ante los tribunales deberán cumplir los mismos criterios en todo el territorio europeo y tendrán que demostrar que tienen cierto grado de estabilidad, que llevan a cabo una actividad pública y que son una entidad sin ánimo de lucro.
En el caso de las acciones nacionales, las organizaciones de consumidores deberán cumplir con los criterios establecidos en las leyes nacionales.
La directiva también introduce fuertes salvaguardias contra demandas abusivas, obligando a pagar los costes del procedimiento a la parte que no gane el juicio.
Además, con el fin de evitar su uso indebido, las entidades deben establecer procedimientos internos para garantizar su independencia y evitar conflictos de intereses e influencia externa, por ejemplo, si están financiados por un tercero.
Esta directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y los estados miembro dispondrán de 2 años para transponerla a sus leyes nacionales y seis meses más para aplicarla, de forma que estas nuevas reglas se aplicarán a las acciones interpuestas desde su fecha de introducción.
