La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda va a habilitar de manera «inminente» un registro público de demandantes de vivienda protegida, con el objeto de adaptar la toma de decisiones en la materia a las necesidad «actual» en cada municipio, acabando así con la «política de chinchetas», según la cual se invierte en función del color del gobierno municipal.

Se trata de una medida que el Ejecutivo regional quiere desarrollar dentro de las políticas de vivienda, que se suman a las medidas y ventajas fiscales anunciadas por la presidenta de la Junta, que se concretan en aumentar al 30% la deducción de las cantidades satisfechas en el período impositivo para el pago del alquiler.

El consejero del ramo, Manuel Martín Castizo, ha anunciado la puesta en marcha de este registro en su comparecencia ante los medios de comunicación antes de desgranar las líneas generales de actuación de su departamento en la comisión de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Asamblea de Extremadura.

Así, ha explicado que el objetivo de este registro es «conocer la demanda actual de este tipo de inmuebles y orientar con ello las medidas» a tomar, al mismo tiempo que se trata de «acabar con la política de chinchetas que los gobiernos de los socialistas extremeños han venido practicando en materia de vivienda».

«Con ese registro tendremos una herramienta con la que tomar las decisiones en cuanto a planeamiento y programación de toda aquella vivienda que necesiten en las localidades de Extremadura», ha dicho.