Según dice la ley, las comercializadoras de electricidad tienen derecho a ser retribuidas por los costes que le genere serlo, por conceptos como la atención directa a los clientes, como costes de contratación, de facturación y cobro o de atención al cliente, que ahora exigen que se actualicen o directamente «recuperar». En la actualidad, fuentes del sector explican que la retribución que reciben por parte del Gobierno no está actualizada con los costes reales y es insuficiente para cubrir todos los costes que les genera ser el contacto con los consumidores que quieren contratar o que tienen la tarifa regulada de la luz.

Así lo manifestó hace unos días la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) en un comunicado en el que, tras conocerse la versión definitiva del decreto que establecerá la nueva manera de calcular la tarifa PVCP, valoró «positivamente» que el Ministerio de Transición Ecológica haya tenido en cuenta sus peticiones en el borrador definitivo que la semana pasada se envió al Consejo de Estado, que tiene previsto emitir un dictamen en torno al 20 de abril, de manera que ya después podrá ser aprobado por el Consejo de Ministros.

En términos generales, las eléctricas han visto reconocidas sus reivindicaciones pero hacen dos puntualizaciones sobre los costes económicos que su obligación de ofrecer y gestionar la tarifa regulada les provocaban ya en el pasado y otro nuevo coste que deberán afrontar con la reforma de la PVPC, que hará que toda las empresas del sector eléctrico y también los consumidores que la contraten sufragarán el coste del bono social, como hacen las empresas y consumidores del mercado libre.

Atención al cliente

En el primer caso, las eléctricas creen que el borrador del decreto de la nueva PVPC «puede ser mejorado» para que el Gobierno «actualice» los costes en los que incurren las comercializadoras de referencia por tener que ofrecer la tarifa regulada. Según la ley, no lo son y están obligadas a ofrecer la tarifa regulada aquellas con más de 100.000 clientes en todo el país en una media anual. 

Actualmente, hay cuatro comercializadoras –Endesa, Iberdrola, Naturgy y Repsol– que ofrecen la tarifa regulada de electricidad bajo distinto nombre -Energía XXI, Curenergía, Gas Powee y Régsiti, respectivamente-, que ofrecen servicios como una atención telefónica o presencial, que generalmente se da en las mismas oficinas de las comercializadoras de electricidad en el mercado libre.

Y estos gastos son los que las compañías reclaman al Gobierno, bien mediante la actualización de sus retribuciones que marca la ley por este y otros conceptos ligados a la PVPC o bien mediante la «recuperación» sin más de los gastos por la atención personal a los clientes.

«Actualizar los costes prudentemente incurridos de la comercialización tal y como establece la normativa, estando pendiente la revisión de los costes de comercialización para los periodos 2019-2021 y 2022-2024″, reclaman las comercializadoras de referencia de la PVPC. «Adicionalmente, se reitera la necesidad de recuperar los costes asociados al canal presencial de atención a clientes», añaden.

Según explican desde la AELEC, «las comercializadoras de la actividad regulada incurren en gastos para poder llevar a cabo la actividad regulada que la ley les exige. Entre otros, el relativo al canal presencial de atención al cliente», que querría recuperar aprovechando la inminente reforma de la tarifa PVPC.

Bono social a la PVPC

Por otra parte, ante la inminente aprobación de la nueva tarifa regulada -que, sin embargo, no entrará en vigor hasta 2024-, las comercializadoras de electricidad insisten en oponerse, como llevan haciendo ya años, a tener que correr con parte del coste del bono social, el descuento de entre un 65 y un 80% de la factura de la luz para hogares vulnerables y, de momento, todas las familias numerosas y vulnerables severos. 

Una de las novedades de la reforma es que, igual que ocurre en el mercado libre, tanto empresas de producción, transporte, distribución y comercialización de la tarifa PVPC, así como los consumidores en función de su consumo eléctrico, correrán con los costes de financiar el bono social, algo que las comercializadoras ya rechazaban en los contratos libres de electricidad y que rechazan también en la tarifa regulada.

«Se considera que el coste de financiación del bono social no debería corresponder a ninguno de los sujetos que operan en el sector eléctrico -y, entre ellos, a las COR [comercializadoras de referencia]- sino que, por tratarse de políticas públicas, debería financiarse a través de instrumentos también públicos, al igual que el bono térmico«, advierte la AELEC, en relación al pago anual que reciben los hogares que tienen bono social para sufragar parte del coste de la calefacción y del agua caliente y que, a diferencia de aquel, procede de una partida directa de los Presupuestos Generales del Estado.