Los cambios que introduce la nueva Ley de Vivienda: regulación de precios y recargo a pisos vacíos

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la nueva ley de vivienda, uno de los grandes ejes del pacto entre PSOE y Unidas Podemos a la hora de cerrar el gobierno de coalición, que incluirá la regulación de los precios de alquiler en las zonas tensionadas e impondrá un recargo del IBI del 150% a las viviendas vacías, al tiempo que se creará un bono de 250 euros mensuales para facilitar que los jóvenes puedan independizarse.

Este acuerdo, criticado por el sector y la oposición, ha sido la llave para que ambos socios del Gobierno de coalición pudieran también pactar los Presupuestos de 2022 y está a medio camino entre la exigencia de Podemos de que se limitaran los precios del alquiler y la negativa inicial del PSOE a intervenirlos. La norma, que será aprobada por el Consejo de Ministros «en las próximas semanas», llega después de un año de discusión entre ambos. Estas son las principales medidas acordadas.

Regulación de precios de la vivienda

La futura ley de vivienda incluirá la regulación el precio del alquiler para los grandes tenedores, aquellos con más de 10 viviendas, que deberán bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionadas. Las comunidades autónomas serán quienes soliciten al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado.

Además, a las personas físicas propietarias de viviendas en alquiler en estas zonas se las obligará a congelar el precio, aunque, si están dispuestas a bajarlo, se les aplicarán bonificaciones fiscales que pueden llegar al 90 % sobre las rentas que los propietarios obtengan en caso de bajar precio respecto al contrato anterior en las zonas tensionadas.

Según ha explicado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con la nueva ley se van a «contener y reducir los precios del alquiler«, con «un paquete muy potente de bonificaciones fiscales para los propietarios, para incentivar la reducciones de los precios».

Impuesto a pisos vacíos

La nueva norma incluirá un impuesto para las viviendas vacías a través del recargo del IBI hasta el 150%, según Podemos, con algunas excepciones. En este caso, serán los ayuntamientos quienes lo apliquen. Uno de los primeros en oponerse a esta nueva medida ha sido el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida que ha prometido que en la capital articularán todas las medidas necesarias para que los madrileños «no se vean repercutidos en este alza injustificado del IBI por parte del Gobierno de la nación».

«Tendremos que ver qué es lo que hace el Gobierno», pero remarcó que «si obliga a que haya que hacer un recargo del 150%, tendrá que modificar la Ley de Haciendas Locales e imponer esa obligación«, apuntó.

Aumenta el parque público de vivienda

Asimismo obligará a reservar para vivienda protegida el 30% de las promociones y a destinar la mitad de ese porcentaje al alquilar social, con lo que el Ejecutivo confía en «incrementar de manera muy notable el parque público».

Bono joven de 250 euros para el alquiler

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de enero, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, el bono joven al alquiler que dará unas ayudas a los jóvenes de 250 euros.

Los jóvenes de entre los 18 y los 35 años que paguen por los alquileres de sus casas 300 euros o, en zonas donde los arrendamientos sean más caros, como Madrid u otros núcleos urbanos, de hasta 450 euros, pueden solicitar estas ayudas de 250 euros ofrecidas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, las personas que soliciten este bono deben tener unos ingresos anuales que no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir de 24.318,84 euros.

Aunque para no afectar a la movilidad laboral el Ejecutivo también tendrá en cuenta los siguientes supuestos:

• Que el joven preceptor de esta ayuda se cambie de provincia.
• Que el joven preceptor de esta ayuda se cambie de comunidad autónoma.

En esta situación, el Gobierno ha facilitado los trámites que debe rellenar el preceptor para poder seguir recibiendo esta ayuda de 250 euros. Además, flexibilizarán las condiciones, permitiendo acogerse a esta prestación con unos ingresos que superen hasta cuatro veces el IPREM, 32.425,12 euros anuales.